Los últimos acontecimientos migratorios vividos esta semana en Ceuta y Melilla han hecho saltar nuevamente las alarmas. ¿Hay que esperar a que sucedan los hechos para aumentar los mecanismos de prevención? La inmigración ilegal, un flujo cada vez con más preocupantes dimensiones y variantes, ha vuelto a enseñarnos los dientes con toda su crudeza en estos últimos días.
Quienes creían que lo que estaba sucediendo en Melilla podría ser ajeno a nosotros estaban muy equivocados. Primero tras la entrada del primer coche kamikaze con 14 subsaharianos en su interior y un guardia civil en el hospital. Veinticuatro horas después, el asalto a la valla, por el espigón del Tarajal, con 91 entradas de los 400 subsaharianos que lo protagonizaron en bloque. Al día siguiente el intento frustrado, gracias a la colaboración de Marruecos, de otros 200, alentados por el éxito de esos 91 que habían logrado burlar la frontera. Sin olvidarnos, por supuesto, del rescate de los 30 náufragos en Punta Almina que, de esta forma, alcanzaban también así su objetivo.
Hubo quien me tildó de alarmista por mi columna del 22 de mayo en la que exponía mis temores ante un nuevo preocupante verano, vista de la falta de los necesarios medios de seguridad en la frontera y el mantenimiento de una normativa timorata y confusa, además de comprometida para nuestros agentes a la hora de rechazar las entradas.
Quienes asalten nuestras fronteras por las bravas deberían ser expulsados automáticamente sin la menor opción a ingresar en centros de internamiento, como llegaron a pronunciarse sindicatos policiales y la AUGC, según escribía yo también por entonces. Así ocurrió con los kamikazes de la frontera melillense, y creo que allí nadie volvió a recurrir a tal alternativa, hasta el caso de esta semana en nuestra ciudad en el que los inmigrantes no han sido devueltos a Marruecos.
El propio presidente Vivas, compartiendo en aquel mes de mayo la reivindicación Imbroda, su homólogo melillense, abogaba por la pertinente reforma de la Ley de Extranjería que posibilitara la expulsión inmediata del territorio nacional a quienes recurriesen a fórmulas violentas de entradas.
Si en el primer trimestre del año, según los datos de la Guardia Civil, se habían interceptado 223 inmigrantes a bordo de pequeñas embarcaciones, frente a los 55 del anterior, era de temer un verano movido. Desgraciadamente está siendo así. Parece papel mojado el tratado de readmisión firmado por España y Marruecos en 1992 y ratificado por ese país el pasado octubre. De cumplirse a rajatabla, difícilmente cualquier balsa o similar llegaría a territorio español y quienes saltasen la valla o entraran por la fuerza podrían ser devueltos de inmediato.
La Agencia Europea de Fronteras (Frontex) en su Informe Anual de Riesgo, del pasado año ya alertaba sobre la debilidad de las fronteras de Ceuta y Melilla, como el mayor dolor de cabeza del perímetro exterior de la UE, ante la llegada de inmigrantes en barcas de juguete o a nado. Nada se hablaba aún de los asaltos masivos a la valla en dicho informe en el que se nos reconocía como la segunda «frontera terrestre» más importante de la Unión, con «más de diez millones de entradas anuales», solo superada por el confín entre Eslovenia y Croacia. Si así se nos contempla, máxime tras los preocupantes últimos acontecimientos, ¿para cuando una mayor implicación europea en el problema?, vuelvo a preguntarme.
Recogía igualmente en aquella columna la frase del delegado del Gobierno de Melilla ante los hechos que vivía la ciudad: “la protección de la frontera es imprescindible para la defensa de la soberanía de un país”. Algo que cierta progresía barata o tantos utópicos al uso no quieren ver, aferrados a lo políticamente correcto y envueltos en su halo de santidad mesiánica. Ni nuestras dos ciudades tienen capacidad de absorber a los millares de criaturas que sueñan con entrar en ellas ni tampoco España, con sus seis millones de parados, está en condiciones de acoger a media África.
Y que no nos vengan ahora de nuevo con parches o componendas de medio pelo. Es vital un cambio en la Ley de Extranjería que posibilite las devoluciones inmediatas. Como la propia implicación de Europa en un problema que puede dar lugar en el futuro a lamentar consecuencias muy serias.
De momento la urgencia está en ampliar y reforzar convenientemente ese espigón fronterizo, incomprensiblemente mantenido durante tanto tiempo en condiciones de vulnerabilidad. Y el aumento de de dotaciones policiales, claro. Pero con un adecuado protocolo de actuación. Diáfano y sin órdenes verbales al uso, tan comprometidas como preocupantes para los sufridos agentes.
