El 16 de enero está convocado un pleno extraordinario del Consejo de la Guardia Civil con un único punto del día ‘EQUIPARACIÓN SALARIAL’.
La redacción de la convocatoria no tiene otra interpretación, pero después de décadas no podemos bajar la guardia ante malabarismos legales que puedan escamotear la única y principal reivindicación de guardias civiles y policías en las concentraciones y manifestaciones de los últimos meses.
Hablamos de malabarismos legales, porque en el correo electrónico remitido por la Dirección General de la Guardia Civil a las Asociaciones Profesionales Representativas con el título ‘Acuerdo por la equiparación integral de la Guardia Civil’, aborda una serie de aspectos que no pueden verse con malos ojos por las asociaciones representativos, pero el Ministerio del Interior no puede perder de vista que las movilizaciones de guardias civiles son única y exclusivamente para reivindicar la equiparación salarial.
No renunciamos a mejoras en material e infraestructuras, pero las pancartas llevan un único lema ‘EQUIPARACIÓN SALARIAL’, cualquier otro acuerdo que no garantice la equiparación salarial es una traición a los guardias civiles y esa traición puede venir de la Administración, nunca de los representantes de los guardias civiles.
La propuesta de la Asociación Española de Guardias Civiles (AEGC) es clara y rotunda, porque no aceptaremos otra cosa que no sean 500 millones de euros en cada una de las tres partidas presupuestarias siguientes, comenzando en 2018 y hasta la de 2020, en total 1.500 millones de euros y dedicadas exclusivamente para equiparación salarial.
Una vez aceptada esta premisa irrenunciable podemos hablar de mejoras en infraestructuras, material o reorganización, pero antes no debemos abordar ningún otro asunto.
“Hablamos de malabarismos legales, porque en el correo remitido por la Dirección aborda una situación que no puede verse con malos ojos...”
Esta es la respuesta que he dado a los muchos guardias civiles que me han llamado para interesarse por el comunicado de prensa que las asociaciones de guardias civiles remitieron a los medios de comunicación.
La única respuesta que querían oír nuestros compañeros, porque es la reivindicación que preocupa y ocupa a los guardias civiles. Después me preguntaban sobre la propuesta sobre el uso conjunto de instalaciones con Policía Nacional. Sinceramente no he podido responder, porque no conocemos el contenido de la propuesta, pero no será un asunto fácil de abordar.
Sin duda estamos en una época en la que se esperan cambios en la reorganización de las Unidades de la Guardia Civil, incluso en el modelo policial con el objetivo de dar un mejor y mayor servicio a los ciudadanos.
No soy un visionario, pero no son pocos los medios de comunicación que hablan de este tema “según sus fuentes” y todos coinciden en que la distribución geográfica de la Guardia Civil no se corresponde a la realidad del país, porque fueron creados para tiempos donde había dificultades técnicas y de comunicación que ahora no existen.
Una nueva realidad que posibilita, según los “entendidos” acabar con los puestos de cinco o seis integrantes para integrarlos en Unidades más numerosas y operativas. Una cuestión que en varias ocasiones fue abordada y desechada por los responsables del Ministerio del Interior por el rechazo de los alcaldes donde se pretendían cerrar los
Puestos de la Guardia Civil. Sin embargo, existen otros aspectos operativos que no pueden olvidarse, porque la estructura y distribución de los Puestos de la Guardia Civil en el ámbito rural aporta un plus de información fundamental en la seguridad ciudadana de nuestro país.
Todas estas premisas deben y pueden ser abordadas para mejorar la seguridad ciudadana de todos los españoles, pero como bien ha dicho la Asociación Española de Guardias Civiles, no es momento de mezclar churras con merinas, porque ahora toca de hablar de equiparación.
Después de cualquier otra cosa, pero cualquier otra cosa que sirva para mejorar el servicio que la Guardia Civil presta a los ciudadanos y la calidad de vida de los guardias civiles y sus familias.
