La Comisión Sectorial de Infancia y Adolescencia alcanzó ayer un principio de acuerdo para el traslado a la península y Baleares de 400 menores extranjeros no acompañados desde Canarias (300) y Ceuta (100) con el objetivo de aliviar la sobreocupación que soportan los sistemas de acogida de ambas regiones. El pacto, de carácter eminentemente técnico, deberá ser refrendado en mayo por los políticos en la Conferencia sectorial del ramo.
La divulgación esta semana tras la reunión del ministro de Política Territorial con el Gobierno canario de las cifras con las que se prevé repartir a 2.500 niños migrantes solos este año de manera obligada a través de la modificación de la Ley de Extranjería supuso el punto de mayor fricción de la cita, pero al final primó la responsabilidad a la hora de hacer frente de manera solidaria a un fenómeno de país que no se puede descargar exclusivamente sobre las espaldas de las administraciones de los territorios de llegada de los menores.
El Ministerio de Juventud e Infancia se había topado durante las últimas semanas con el rechazo de la práctica totalidad de las regiones a ser solidarias, ni siquiera no asumiendo directamente la tutela de niños, sino consintiendo a entidades sociales hacerse cargo de ellos y de su guarda.
En ese panorama y con la presión cualificada de Canarias, el Gobierno central ha acelerado una reforma legal que permitiría forzar, si por los cauces del diálogo no hay entendimiento, esa necesaria cooperación.
Los partidos de Estado deben ponerse de acuerdo para aprobarla y evitar que intereses partidistas o individuales lastren la defensa del general y el superior de los menores.