En la España de hoy, los cortes de luz ya no son solo una molestia ocasional, sino una alerta que sacude los cimientos del debate energético nacional. El reciente “apagón” ha activado resortes que parecían dormidos: la irrupción —o más bien el regreso— de grandes bancos internacionales y agencias financieras extranjeras interesados en invertir en nuestro sistema eléctrico, preferentemente en el sector nuclear.
¿La razón? Una red eléctrica que muchos expertos consideran obsoleta, inadecuada para el futuro inmediato. Pero en paralelo, otras voces del sector —más cercanas a las renovables— apuntan que no fue la red la culpable, sino una gestión deficiente ante la elevada oferta de energía limpia. Un diagnóstico completamente opuesto, y no menos técnico.
Mientras tanto, el silencio institucional retumba. Y eso, en política energética, suele ser síntoma de decisiones ya tomadas que aún no se han comunicado.
Lo cierto es que algo se está moviendo. Endesa, Iberdrola, Naturgy y Energía de Portugal —empresas con participación directa en las centrales de Almaraz y Ascó— promueven alargar la vida útil de las nucleares, rompiendo los compromisos alcanzados en 2019 para su cierre progresivo. No es una propuesta menor: implica una posible renovación del pacto nuclear español.
Todo ello ocurre en medio de nuevas divisiones internas en el propio partido del Gobierno. Algún expresidente autonómico ha solicitado revisar antiguos informes técnicos tras el apagón, alertando de que podría repetirse un colapso si se persiste en cerrar centrales sin una alternativa robusta.
Este “fuego amigo”, aunque previsible, recuerda aquella frase atribuida a Pío Cabanillas, uno de los políticos más irónicos y lúcidos de la Transición: “¡Al suelo, que vienen los nuestros!”. Una advertencia que hoy sigue vigente en los pasillos del poder, tanto a derecha como a izquierda.
Y mientras España vuelve a debatirse entre el cierre o la prórroga de sus reactores, conviene mirar al exterior: Finlandia, Francia y el Reino Unido están enfrentando auténticos desastres financieros en sus últimos proyectos nucleares. Olkiluoto 3 (13 años de retraso, 11.000 millones de coste final), Flamanville 3 (15.700 millones de sobrecoste) o Hinkley Point C (una pesadilla presupuestaria que ya roza los 60.000 millones) son ejemplos contundentes. Todos ellos partieron de presupuestos iniciales razonables, y terminaron convertidos en gigantes financieros sin fondo. (https://elperiodicodelaenergia)
Se trata de una pregunta: ¿Está España dispuesta a asumir riesgos semejantes? ¿Hay realmente una estrategia o solo se improvisa ante el miedo al apagón y la presión internacional?
En este momento de inflexión, lo sensato sería proponer una Comisión Internacional de expertos, libre de intereses partidistas, que analice con frialdad los costes, beneficios y consecuencias de reactivar o extender la apuesta nuclear. Porque el futuro energético no puede seguir rehén de decisiones oscuras ni de silencios estratégicos.
España se enfrenta, una vez más, a un dilema crucial: económico, técnico y político. Y lo hace, como en otras ocasiones, con más preguntas que respuestas, más sombras que certezas.
Que se abra el debate, pero con luz y taquígrafos. Porque, si algo inquieta más que un apagón, es el silencio posterior.
