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Sin embargo, al final no hubo voluntad política y desde la empresa se explicaba a los compradores que era un tema privado
Allá a mediados de la pasada década, Emvicesa decidió subastar un terreno situado en Huerta Téllez para la construcción de viviendas protegidas, donde quienes las adquirieran debían cumplir con una serie de requisitos, entre ellos, los de ser solicitantes de vivienda. Esa puja la ganó una empresa radicada en Sevilla, denominada Inantis. Igualmente, se presentó una cooperativa de Comisiones Obreras de nuestra ciudad y se llegaron a producir fuertes críticas por el entonces y todavía líder de este sindicato en nuestra ciudad, Juan Luis Aróstegui, en contra de los responsables de Emvicesa, al quedar la cooperativa sindical fuera de la circulación.
Lo que sí comienza a sorprender es que al final esta empresa que gana la puja resulta que permite que la constructora Dolmen sea la encargada de comenzar los trabajos. Un proyecto de 206 viviendas que se ejecuta y donde los ciudadanos que cumplen con los requisitos establecidos por la legislación adquieren sus viviendas sobre planos. Aunque la media de entrega de cantidades a cuenta se cifra entre los 20.000 y los 30.000 euros hay personas que llegaron a aportar hasta 50.000 euros.
¿Qué sucede a finales de esa década, con las casas ya prácticamente terminadas?. Que estalla la burbuja inmobiliaria y el grupo Dolmen entra en barrena en la práctica, dejando abandonadas no solamente la obra de Ceuta, sino también en otros muchos puntos del territorio nacional. Los vecinos, como es lógico, se preocupan y comenzaron, a partir de inicios de la presente década a aparecer por Emvicesa. Y es que el grupo Dolmen ya no aparecía en Ceuta, no había dejado ningún rastro, ni siquiera una oficina a donde se pudieran dirigir los compradores.
Por tanto, todos eligieron el camino de la Empresa Municipal de la Vivienda. A lo largo de estos años, los que acudieron a las oficinas de la empresa recibieron siempre la misma explicación: Emvicesa no tiene ninguna relación, porque a partir de que se hizo la puja y hubo una venta, ya todo se resolvía en un asunto privado entre la constructora y los compradores. Todas las ventas se efectuaron a través de un contrato de compraventa firmado por Dolmen y el comprador, de acuerdo con la cantidad entregada y pendiente como es lógico de la entrega de la llave para la realización de la hipoteca y luego su posterior elevación a escritura pública.
Sin embargo, también hubo un momento a comienzos de la presente década donde se llegó a hablar dentro del equipo de Gobierno de la posibilidad de negociar con Dolmen, cuando la misma aún no se encontraba en concurso de acreedores como está ahora mismo y de esa manera haber recuperado las cantidades y haber terminado las viviendas la propia Ciudad Autónoma. Fue un asunto que se planteó, pero, al final, lo cierto es que no hubo voluntad política.
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