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El consejero señala que, “de confirmarse los hechos”, son faltas muy graves
El presidente del Consejo de Administración de Emvicesa y consejero de Fomento, Néstor García León, ha ordenado el inicio de expedientes disciplinarios contradictorios a los cinco trabajadores de esta sociedad municipal que están encausados en el denominado ‘caso Emvicesa’. En su escrito indica que el pasado 17 de abril tuvieron conocimiento de la presunta comisión de acciones con indicios racionales suficientes de participación en delitos de prevaricación y falsedad documental “y que, de confirmarse serían susceptibles de ser calificados como muy graves y como tales de ser sancionados”.
Nombra como instructor del citado expediente a Carlos González Chacón, que es el gestor de Servicios de la Consejería de Fomento y a Aida Salvador Monfillo que ejerce las labores de secretaria del propio consejero.
En los escritos firmados por el instructor del expediente, Carlos González Chacón y que han sido enviados a los cinco trabajadores de Emvicesa se indica que tras las primeras averiguaciones realizadas se han concretado una serie de cargos contra los mismos.
Se establece que la sociedad ha tenido conocimiento de la presunta participación de los mismos en delitos de prevaricación y falsedad documental “por su actuaciones en las labores de elección y elaboración de los adjudicatarios de las promociones de las 170 y 317 viviendas de protección oficial de Loma Colmenar”.
Hacen referencia a que estas actuaciones se están tramitando ante el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de nuestra ciudad. Además, advierten que en su condición de trabajadores de la empresa pertenecientes al sector público se encuentran asimilados a la administración local como personal laboral de carácter fijo y, por tanto, reconocido en derecho y obligaciones a cualquier funcionario público.
En el segundo de los apartados de los escritos, y referido al presunto delito de prevaricación, “concluimos que ha participado como colaborador necesario con el antiguo gerente de Emvicesa, Antonio López Fernández, en la adjudicación irregular de las viviendas de VPO, elaborando contratos en ambas promociones, pudiendo cumplir órdenes de aquel, a sabiendas que éstas eran ilícitas, no llevando a cabo el control de los requisitos, ni de la baremación necesaria para la adjudicación de las mismas”.
También les acusan de haber omitido las instrucciones de la entonces consejera de Fomento, Susana Román Bernet, “haciendo caso de las órdenes de Antonio López a cambio de beneficios, incluso cuando éste ya estaba cesado y fuera de Emvicesa”.
Sobre el presunto delito de falsedad documental “apreciamos que ha sido cooperador necesario en la elaboración, trámite y gestión del listado de los adjudicatarios de la promoción de las 170 viviendas de VPO de Loma Colmenar. Tal documento no ha seguido los cauces formales para su determinación como público, veraz y fiable, no habiendo sido aprobado por el órgano de control de la Comisión Local de la Vivienda”.
Además, confirma el instructor en los escritos enviados a los cinco trabajadores que “se tienen indicios racionales de que varias personas han pagado dinero a cambio de obtener una vivienda, por lo que se deduce que las mismas han sido incluídas en el listado al que hemos hecho referencia en el párrafo anterior, de forma discrecional y con colaboración por su parte”.
Por último, alude a que “los hechos revisten la suficiente gravedad como para de confirmarse, ser objeto de sanción disciplinaria”.
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