El hartazgo ha llegado a la clase empresarial de nuestra ciudad y en la asamblea extraordinaria que se ha convocado para el próximo miércoles, día 29, podrían llegar a tomar una decisión que sería histórica, ya que nunca se ha adoptado: decretar un cierre patronal para una jornada en los primeros meses del año que viene y siempre de acuerdo con la Ciudad Autónoma de Melilla. En definitiva, se quiere lograr que ante la opinión pública nacional e internacional aparezcan las dos ciudades completamente paralizadas.
Y todo, porque como señala el comunicado emitido en la mañana de ayer por la Confederación de Empresarios donde se avanza ese hartazgo, pero donde no avanzan ninguna medida concreta explican que “una vez constatada la situación precaria y preocupante de todo el colectivo empresarial de Ceuta, la Confederación de Empresarios se ha visto obligada a reunirse de forma extraordinaria y con una asistencia masiva de todos los representantes de las asociaciones que integran la CECE”.
Oficialmente se han abordado dos asuntos: “el colapso fronterizo de personas y mercancías que repercute negativamente al comercio y a los intercambios sociales y culturales y la incapacidad de la Administración de resolución de problemas tan importantes para la Ciudad como son la reforma del IPSI, el Plan General de Ordenación Urbana y la Ordenanza de Terrazas”.
Su enfado está en que no se ha cumplido, desde el punto de vista de los empresarios, las medidas a corto plazo que se habían planteado y que se iban a revisar al cabo de un mes, sin que se haya vuelto a convocar una reunión por parte de las dos administraciones.
Recordemos que este conjunto de medidas se centraban en la apertura máxima de carriles los fines de semana para la entrada de turistas marroquíes, la puesta en marcha de un carril ciudadano para mejorar la fluidez ante los atascos en la N-352, incrementar los medios tanto de Cuerpo Nacional de Policía como de Guardia Civil, combatir el fraude fiscal, establecer una serie de medidas para que los porteadores puedan realizar su trabajo en unas condiciones más dignas o buscar un nuevo paso fronterizo alternativo.
Pero no se quedan solamente ahí, sino que quieren que se aplique el informe que sobre el IPSI se comprometió a aprobar el Gobierno hace ya varios años o que el Plan General se vote, de una vez por todas en la Asamblea para que se pueda enviar al Ministerio de Fomento y que se clarifique la ordenanza de terrazas.
La verdad es que de esa Asamblea extraordinaria que tendrá lugar la semana que viene saldría un ultimátum, de manera que se le darían a ambas administraciones la necesidad de adoptar soluciones en un tiempo prudencial. De no adoptarse, entonces se iniciarán las gestiones para la realización de un cierre patronal en una jornada de los primeros meses del año que viene.
Los empresarios llevan dos meses esperando y ya han entrado en barrena. A finales del mes de septiembre firmaron un acuerdo con las dos centrales sindicales UGT y Comisiones Obreras. A partir de ahí, solicitaron una reunión con la Presidencia de la Ciudad Autónoma y con el delegado del Gobierno. Fueron pasando las semanas y comenzaron a impacientarse. Al final, el jueves 19 de octubre tuvo lugar el encuentro en la sala de juntas de la Delegación del Gobierno.
Se plantearon una serie de mínimos y el pasado 10 de noviembre, los empresarios comenzaron a impacientarse, aunque, entonces, se mostraban en un comunicado conjunto con la Cámara de Comercio todavía favorables a apoyar a la Ciudad Autónoma en las medidas para luchar contra el fraude.
Sin embargo, en la escueta nota que enviaron en la mañana de ayer a todos los medios de comunicación, había epítetos dirigidos al Gobierno de Vivas donde no salía bien parado.
En la reunión de la junta directiva de la Confederación que tuvo una afluencia mucho mayor, con una asistencia muy importante por parte de todas las asociaciones, salieron muchas ideas que se plantearon allí mismo para combatir lo que se considera una inacción por parte de las dos administraciones que están en nuestra ciudad.
Al final, todos votaron para que, a partir de esos acciones que se pusieron encima de la mesa, a lo largo de esta semana mantengan varios reuniones los integrantes del comité ejecutivo y se redacte un documento definitivo.
En definitiva, un cheque en blanco y ese escrito será el que se someterá a los integrantes de la Asamblea General extraordinaria que tendrá lugar el miércoles de la semana que viene.
Los empresarios llegaron a hablar, en la propia asamblea, de que querían a un cargo político de manera permanente en la frontera, “porque es el principal problema que tiene ahora mismo nuestra ciudad y la verdad es que le pagamos los sueldos”. Les da igual que cada día se turne uno u otro consejero y que también vayan representantes de la Delegación del Gobierno. Por la misma regla de tres entienden que la permanencia es también necesaria de un oficial superior de la Guardia Civil y de un inspector jefe del Cuerpo Nacional de Policía. Llegaron a comentar que debía ser todo el día, no que fueran entrando y saliendo. Junto a ello, nos encontramos con que creen necesario un refuerzo de integrantes del CNP y de la Benemérita y que si no vienen de la Península porque no pueden, dado que la problemática es igual para todo el territorio nacional, se optimicen los recursos en Ceuta. Pusieron un ejemplo: en la Delegación del Gobierno hay un grupo de agentes de la Benemérita que podían ser sustituidos por vigilancia privada, aunque ello tenga un coste. Además, creen absolutamente necesario la creación de un carril dedicado únicamente a los turistas que vienen desde el vecino país para comprar y consumir en Ceuta.
No se muestran de acuerdo con esa medida que quiere poner en marcha el Gobierno del presidente Vivas y que fue expuesta hace unos días al secretario de Estado de Hacienda sobre la rebaja de un 10% de distintos tipos del IPSI para beneficiar a quienes mantienen unos ‘stock’ importantes en sus almacenes y no encuentran salida. Entienden que esa rebaja ya no les viene bien porque resulta que no van a importar en los próximos meses; que viene tarde. Lo que sí desean es que se ponga en marcha la reforma del IPSI, a través de un documento que entregaron al Gobierno hace varios años y que buscaba una coordinación con el sistema arancelario marroquí que a lo largo de los últimos años se ha estado poniendo al día y en Ceuta el instrumento del IPSI se ha quedado obsoleto, con ningún cambio en más de veinte años de vida.
Si al final no les quedara más remedio que echar el candado durante un cierre patronal en los primeros meses de 2018, lo que desean es ir junto con la Confederación de Empresarios de Melilla, ya que en los principales problemas que afectan a ambas organizaciones, existen muchas similitudes en lo principal. Buscan exportar al resto de la Península una imagen de dos ciudades paralizadas por esta huelga empresarial, a partir de que las distintas administraciones locales y el Gobierno central no terminan de solucionar las peticiones que se les hacen. Si llega el momento, los contactos serán permanentes con la organización empresarial de la ciudad hermana para buscar la unidad de acción.
La Confederación de Empresarios ya se ha manifestado, a lo largo de los últimos meses, de manera categórica sobre la necesidad de que la Ciudad Autónoma apruebe ya el Plan General de Ordenación Urbana. Se entiende que es un documento básico para el impulso económico de nuestra ciudad. Además, ya de entrada, no se aprobará a lo largo de este año como era intención de la Consejería de Fomento. Se queda para el año 2018. Y, luego, no se olvide que deberá ser enviado a Madrid para que el Ministerio de Fomento sea quien de la luz verde definitiva. Y en cuanto a la ordenanza de terrazas (un aspecto esencial para la atención a los turistas que nos visitan) dado que se encuentran con dificultades de entendimiento con el consejero del área y no se llega a una reforma adecuada de la mencionada ordenanza. Un documento que a lo largo de la presente década ha tenido varias redacciones con anteriores compañeros del mismo Néstor García.
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