Un empresario del puerto turco de Mersin ha testificado en el juicio que compró partidas de ropa usada a uno de los acusados de formar parte de una red de envío de material a Dáesh desde Alicante, pero ha asegurado que nunca le pidió ayuda para introducir contenedores en Siria, donde estaba la zona de conflicto. Este juicio se sigue contra una red yihadista vinculada a un sirio detenido en Ceuta.
La Audiencia Nacional ha reanudado este miércoles el juicio a siete acusados de integrar una organización que según la Fiscalía supuestamente envió entre 2013 y 2015 desde España a Siria e Irak material para los grupos terroristas Dáesh y Jabhat al Nusra, sobre todo uniformes militares, pero también armas, explosivos, equipos electrónicos y de transmisiones y dinero.
El citado testigo ha explicado que tiene una empresa en el puerro de Mersin (Turquía) dedicada a la compraventa de ropa usada y que entre 2007 y 2014 la compañía de Nourdine Ch., ubicada en Cocentaina (Alicante), le envió por vía marítima entre cuatro y seis contenedores de ropa usada de verano.
Ha asegurado que los contenedores contaban con la documentación requerida, que "todo era legal", que pagó a Nourdine Ch. por transferencia bancaria y que éste nunca le envió ropa militar porque además, según ha dicho, está prohibida su entrada en el puerto turco. El testigo ha mantenido que Nourdine Ch. jamás le pidió ayuda para introducir contenedores en Siria.
Igualmente ha negado que comprara ropa usada al también acusado Ammar T., un ciudadano sirio nacionalizado holandés que constituyó en 2013 en Cocentaina una empresa de importación y exportación y que es considerado por el fiscal el cabecilla de la organización.
También ha testificado por videoconferencia desde Emiratos Árabes Unidos un proveedor de ropa usada de Nourdine Ch., que según ha manifestado tiene una de las empresas más grandes de este sector de Oriente Medio.
Ha explicado que tenía un acuerdo con la organización no gubernamental Salvation Army de Reino Unido y que la ropa que enviaba a Nordine Ch. era de la recogida por esta ONG en diversos países como Australia, Alemania y Francia.
El testigo ha relatado que en enero de 2016 Nourdine Ch. le encargó una partida de ropa usada y que en el contenedor que le envío al puerto de Valencia había prendas militares pero todo debidamente detallado y documentado.
El fiscal pide en sus conclusiones provisionales penas de entre 13 y 28 años de prisión para los acusados como presuntos autores de delitos de pertenencia y financiación de organización terrorista, enaltecimiento del terrorismo, tenencia de armas de fuego y blanqueo de capitales.
La Fiscalía mantiene que la red supuestamente liderada por Ammar T. enviaba por vía marítima desde puertos españoles como el de Valencia contenedores a Turquía para ser transportados en camiones hasta la frontera con Siria, declarando en los documentos que la mercancía era ropa y calzado de segunda mano.
Pero el fiscal mantiene que la organización enviaba a zonas de conflicto de Siria e Irak dinero, material militar, equipos electrónicos y de transmisiones, componentes explosivos y armas de fuego todo ello camuflado entre la ropa y el calzado usados con los que presuntamente eran rellenados los contenedores.
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