El esfuerzo de la Empresa de Alumbrado Eléctrico ha desmantelado más de doscientos enganches ilegales en Ceuta durante los nueve primeros meses de este año en la ciudad, más del doble que en el mismo periodo de 2024. Desde la filial de Endesa se advierte que el aumento de la detección del problema es “vital” para neutralizar riesgos de electrocución e incendios, la principal amenaza que el fraude con la electricidad representa para la seguridad colectiva en la ciudad.
La compañía suministradora ha efectuado un avance significativo en la compleja batalla contra este tipo de actividad ilícita en Ceuta. Lejos de ser un problema exclusivamente económico, las conexiones ilegales suponen un riesgo latente de electrocución, incendios y averías masivas.
Por ello, la intensificación de las inspecciones y la coordinación con las Fuerzas de Seguridad han rendido frutos notables, evidenciando el esfuerzo importante realizado por la compañía, que este año ha logrado desmantelar más de 200 conexiones ilegales, más del doble de lo realizado hasta octubre en 2024 (92).
En este sentido se subraya que el aumento de la detección es vital para neutralizar riesgos físicos directos para las personas e incendios, la principal amenaza que el fraude con la luz representa para la seguridad colectiva en Ceuta.
Las cifras, extraídas de los diez primeros meses de 2025 reflejan un aumento exponencial en el número de expedientes de fraude abiertos en comparación con el mismo periodo del año anterior.
Desde la compañía se resalta el "esfuerzo enorme" que la empresa ha invertido en la campaña contra el fraude, un compromiso que se traduce directamente en las estadísticas. Hasta octubre de 2024 se habían abierto 92 expedientes en Ceuta. En el mismo mes de este año la cifra se había disparado hasta los 202. Este salto representa más del doble de casos detectados en tan solo doce meses, lo que subraya la eficiencia de los métodos de localización de fraude implementados por la Empresa de Alumbrado.
Este incremento en la actividad inspectora también se ve reflejado en la energía que la compañía ha logrado identificar como defraudada. Durante los nueve primeros meses de 2024 la energía recuperada ascendía a 601.394 kWh. En contraste, hasta octubre de 2025, se han detectado 1,2 millones. Desde la filial de Endesa se insiste en que esta energía se considera perdida y, al final, “la pagan todos los vecinos”.
Para entender la magnitud del fraude, la energía defraudada hasta octubre pasado es equivalente al consumo medio durante diez meses de 442 viviendas, según los datos de consumo medio por hogar del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE).
El principal problema no es el impacto económico del fraude, explican desde la suministradora energética, sino el riesgo inherente que genera para la vida de las personas, "el tema del riesgo eléctrico". Este es el punto que requiere el mayor énfasis, ya que es "lo más importante".
La compañía explica que, al manipular las redes eléctricas, la instalación pierde "sus protecciones reglamentarias". Esto convierte cualquier enganche ilegal detectado en un peligro potencial de electrocución, incendio o "males mayores".
Y se advierte que quien comete fraude suele realizar estas conexiones sin contar con los "conocimientos técnicos" o con profesionales autorizados, lo que eleva significativamente el riesgo de que vecinos u operarios sufran una descarga eléctrica que, incluso, puede llegar a ser mortal.
Además, el aumento de la detección del fraude es vital para prevenir incendios, uno de los peligros más frecuentes asociados a las conexiones ilegales.
En este sentido, desde la Empresa de Alumbrado de Ceuta han documentado que los responsables de este fraude llegan a utilizar "elementos no adecuados para las instalaciones eléctrica” que enganchan una cosa por otra" e, incluso, que instalan cables "por las tuberías de agua". Estos empalmes deficientes o el exceso de carga en conexiones inadecuadas generan sobrecalentamientos, chispas y combustiones, razón por la cual el tema de la seguridad es “fundamental”.
La segunda prioridad para la filial de Endesa, después de la seguridad, es el impacto de la estafa en la calidad del suministro y las averías que provoca. El consumo fraudulento afecta a todos los vecinos, incluso a aquellos que cumplen con la ley, ya que "al tener un consumo fraudulento saturan las redes por lo que se producen sobrecargas que acaban en cortes de suministro para todos".
La manipulación ilegal impacta negativamente en el flujo eléctrico original, causando subidas de tensión y el deterioro de "aparatos e instalaciones comunes". La compañía detalla que una subida de tensión puede dejar a los vecinos "sin frigoríficos, sin lavadoras, sin luces, sin nada".
Las campañas de detección se concentran con mayor frecuencia en "aquellas zonas donde no hay control o una disciplina urbanística".
Según explican desde la compañía de la luz, existen dos tipos principales de conexiones irregulares que constituyen fraude. Por un lado está el enganche directo sin contrato, que es la forma más frecuente, representando casi el 60% de los casos no solo en la ciudad, sino también a nivel nacional. Se realiza mediante una conexión directa a la red de baja tensión sin contadores.
Por otra parte está la manipulación del contador. En este caso, el usuario tiene un contrato, pero interviene la instalación para que el contador no registre todo lo consumido.
La empresa de la luz ha confirmado que el porcentaje de fraude en Ceuta es muy similar al registrado por Endesa en el resto del país. La ciudad no registra actualmente el problema de los enganches ilegales a gran escala vinculados a plantaciones de marihuana, que en otras regiones han generado la desconexión de casi 1.600 enganches en los diez primeros meses de 2025 y consumen energía equivalente al de 46.000 hogares.
El fraude eléctrico está tipificado como delito en el artículo 255 del Código Penal. La pena mínima es una multa de 3 a 12 meses, aunque si la cuantía del fraude es inferior a 400 euros se reduce de 1 a 3 meses. Si el valor de la energía defraudada es muy elevado, la sanción puede incluir condenas de prisión de hasta un año.
Además de la responsabilidad penal, la distribuidora tiene derecho a exigir el abono de la energía consumida ilegalmente y los gastos de inspección, reparación de la red y posibles indemnizaciones. La compañía tiene derecho a suspender el suministro hasta que se regularice la instalación y se paguen los costes derivados del fraude.
El incremento en la detección de casos de fraude es resultado directo de la labor de la Empresa de Alumbrado Eléctrico y la colaboración con las autoridades, pero insisten en la necesidad de “la cooperación ciudadana” para erradicar completamente el problema.
De hecho existen ciertas señales inequívocas de fraude como puede ser el aumento en la factura propia sin cambios en los hábitos de consumo. “La lectura del contador sigue registrando consumo aunque todos los aparatos estén desconectados”, ejemplifican desde la compañía. Otra prueba básica son los indicios visuales en la sala de contadores, “como cables mal empalmados o dispositivos extraños”, añade.
En cuanto a los enganches directos, se asegura que “se ven claramente”. “Si, por ejemplo, se observa una red de distribución trenzada y hay alguien cogido a ella, es irregular”.
La denuncia del fraude se realiza contactando a la distribuidora. La denuncia es anónima: “Es mejor incluso denunciar por exceso que por defecto. Si tú piensas que a lo mejor hay un enganche, avísanos y mandaremos a alguien. Una simple foto puede ayudarnos mucho”, reclaman desde la Empresa de Alumbrado.
Los beneficios de seguir aumentando las cifras en la detección de expedientes de fraude en Ceuta aseguran un entorno más seguro para todos los ceutíes, minimizando los riesgos de electrocución e incendios causados por la manipulación ilegal de las redes. Si a ello se suma el coste económico y la mejora del servicio, queda evidenciada la importancia de combatir este delito tan presente en muchas calles de Ceuta.
Un enganche ilegal de luz supone un grave riesgo para la seguridad de las personas, las viviendas y las instalaciones eléctricas.
Uno de los peligros más frecuentes asociados a los enganches ilegales son los incendios. Los empalmes mal realizados, el uso de materiales inadecuados o el exceso de carga en cables no preparados para soportar determinadas potencias pueden generar chispas, sobrecalentamientos y combustiones.
Las instalaciones eléctricas están diseñadas para funcionar dentro de unos parámetros específicos. Cuando se produce un enganche ilegal, se altera ese equilibrio. El sistema puede verse sometido a una demanda excesiva, provocando sobrecargas que afectan a la red interna del inmueble. Esto puede traducirse en cortocircuitos, apagones inesperados y daños irreversibles en electrodomésticos, dispositivos electrónicos y otros equipos conectados.
El peligro de electrocución es especialmente alto en instalaciones manipuladas sin conocimientos técnicos.
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