Empleo público al alcance de todos, una responsabilidad de las administraciones

El empleo es una de las principales inquietudes de las personas con discapacidad intelectual. Así se pone de manifiesto en las distintas consultas realizadas a miembros del colectivo sobre sus prioridades. Por ejemplo, el empleo fue uno de los grandes temas sobre los que versaron las preguntas formuladas por usuarios de Plena inclusión Ceuta en el encuentro con representantes políticos celebrado el pasado mes de diciembre en la Biblioteca Pública ‘Adolfo Suárez’.

También formó parte de las reivindicaciones que se trasladaron a los políticos europeos en el encuentro ‘Construimos Mundo’, celebrado en Valladolid. La insistencia de las personas con discapacidad en todo lo que tiene que ver con el empleo escenifica su preocupación por este asunto. Y es que el empleo es el eje sobre el que gira la vida independiente. Pero el empleo no solo significa una fuente de ingresos para la persona con discapacidad, sino también un acicate para seguir logrando metas en esa carrera hacia la plena inclusión, un impulso para aumentar la autoestima, tal y como indicaba en una entrevista para Plena inclusión Ceuta una de las personas que opositaban a una plaza en la Administración General del Estado.

“Jamás he pensado solo vivir de mi pensión, siempre he querido tener mi trabajo”, eran sus palabras para desmontar el falso mito de que las personas con discapacidad solo esperan ser receptoras de ayudas económicas. Debido a la importancia del empleo para las personas con discapacidad, los poderes públicos tienen la responsabilidad de facilitar su acceso al mercado laboral, siendo el empleo público su herramienta más inmediata. Para ello, el Estatuto Básico del Empleado Público recoge en su Artículo 59 la reserva de un cupo no inferior al siete por ciento de las vacantes para ser cubiertas por personas con discapacidad, de las que al menos el dos por ciento sean para ser cubiertas por personas que acrediten discapacidad intelectual y el resto para quienes acrediten cualquier otro tipo de discapacidad.

El cumplimiento de este artículo facilitaría el acceso de las personas con discapacidad al empleo, un derecho que también recoge la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, que en su artículo 27 indica que los Estados Partes reconocen el derecho de las personas con discapacidad a trabajar, en igualdad de condiciones con las demás, lo que incluye el derecho a tener la oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo libremente elegido o aceptado en un mercado y un entorno laborales que sean abiertos, inclusivos y accesibles a las personas con discapacidad. Este mismo artículo incluye también, en su apartado ‘g’, el compromiso de emplear a personas con discapacidad en el sector público. Por el contrario, el incumplimiento de la Ley supone, además de un atropello a los derechos de las personas con discapacidad, una importante merma en las oportunidades de empleo para ellas, máxime cuando las medidas de fomento del empleo en la actividad privada se resumen básicamente en apelar a la responsabilidad social corporativa de las empresas y en el establecimiento de bonificaciones para beneficiar también a los empleadores.

Los gobiernos deben poner todos sus esfuerzos en garantizar el cumplimiento de la reserva del siete por ciento de las vacantes ofertadas en las administraciones públicas a personas con discapacidad, ya que de la misma depende el acceso de muchas personas a un empleo estable a través del que poder cimentar una vida independiente. Por ello, desde Plena inclusión Ceuta pedimos a los poderes públicos que cumplan escrupulosamente con la reserva del siete por ciento de las vacantes ofertadas en las administraciones públicas para las personas con discapacidad, facilitando así su camino hacia la vida independiente y la plena inclusión.