Hace unos años, a un alcalde de Badalona se le juzgó por vincular inmigración y delincuencia. El caso se remontaba a 2010, cuando se repartieron dípticos en los que se contenían fotografías de gitanos rumanos, a los que se les acusaba del incremento de la delincuencia en la localidad. Actualmente, en la Comunidad de Madrid, la presidenta, Isabel Díaz Ayuso, siguiendo los consejos de MAR, su asesor, también se está dedicando a difundir, sin pruebas, la relación entre Inmigración y delincuencia. En estas soflamas está siendo acompañada por el alcalde del PP de Madrid, por un concejal del PP de Torrox, por el diputado del PP Rafael Hernando y por el vicepresidente de la Comunidad de Castilla y León, Juan García-Gallardo, el ultra de VOX que ve el problema actual como una “invasión migratoria”. En general, PP y VOX van de la mano en esto de criminalizar a los emigrantes.
Yo recuerdo una acalorada discusión que mantuve con algunos responsables de las Fuerzas de Seguridad del Estado en Navarra, hace ya algunos años, cuando atribuían el incremento de la delincuencia al incremento de los inmigrantes. Eran los años del pujante crecimiento económico español, impulsado fundamentalmente por las medidas liberalizadoras de la construcción en el litoral mediterráneo. Entonces gobernaba el Partido Popular de José María Aznar. Fueron los años de mayor llegada de inmigrantes irregulares a nuestro país. Yo le argumentaba a estos funcionarios que para llegar a estas conclusiones se necesitaban estudios estadísticos de mayor profundidad. Y le insistía en que los estudios científicos a los que yo había accedido no establecían esta relación. Fue cuando comencé mis estudios doctorales sobre estos temas.
Es verdad que ciudadanos de determinadas razas o nacionalidades cometen actos delictivos. Esto habrá que perseguirlo con los instrumentos del Estado de Derecho. Pero de ahí a criminalizar a los elementos del conjunto de esa raza, nacionalidad o religión, va mucho trecho. Ya sé que algunos intelectuales, incluso cercanos a la izquierda, en algún momento de sus vidas han escrito libros y realizado estudios intentando demostrar que hay razas y religiones, por ejemplo la musulmana, que son imposibles de integrar en los parámetros de funcionamiento de las sociedades occidentales. Me refiero, por ejemplo, al profesor Giovani Sartori, con “La sociedad multiétnica”. Pero también hay intelectuales y economistas, incluso cercanos al “neoliberalismo”, como Isaac Ehrlich, y antes que él, Gary S. Becker, que han ideado modelos matemáticos para analizar con criterios científicos lo que ellos denominan “economía del delito”. En casi ninguno de los estudios que se han hecho siguiendo estas pautas se han evidenciado correlaciones importantes entre la delincuencia y la inmigración.
El filósofo español Antonio Campillo nos decía en un magnífico artículo de opinión que la humanidad se enfrenta hoy a retos inmensos que ponen en riesgo la vida, la libertad, la convivencia y la supervivencia misma de millones de seres humanos, pero que “carecemos de una razón común con la que afrontarlos”. Según él, esta es la causa de la crisis del pensamiento occidental en la que nos encontramos inmersos, que necesita para solucionarse un replanteamiento de nuestra razón de ser, para adecuarnos a una sociedad global cada vez más compleja, interdependiente e incierta.
En los años 60 cientos de miles de españoles emigraron en busca de una mejor vida a países de Europa y América, incluso más allá. Mis padres fueron unos de ellos. La primera vez que mi padre lo intentó, yo tenía apenas tres años. La forma que escogieron fue viajar en helicóptero “turístico” cruzando la frontera belga con la de Alemania. La policía alemana los interceptó y los devolvió a España. Mi padre perdió todos sus ahorros, según me explicó. Pero lo siguió intentando, hasta que lo consiguió, permaneciendo 30 años en aquel país. Yo estuve con ellos algunos años. Tengo recuerdos imborrables. Por eso me niego a que se hagan esas injustas generalizaciones.
Esto fue lo que me motivó y llevó a completar mi tesis doctoral, en la que con datos de todas las regiones españolas, desde los años 90, conseguí demostrar que no había correlación estadística alguna entre la inmigración irregular y el incremento de la delincuencia. Actualmente trabajo en actualizar dicho estudio. Las primeras estimaciones me vuelven a negar dicha correlación.
Sin embargo, algunas son persistentes. Como dijo el profeta hace más de dos mil años, somos especialistas en fijarnos en la mota de polvo que hay en ojo ajeno, pero incapaces de ver la viga que tenemos alojada en el nuestro.
A ver si dejamos de usar el sufrimiento humano para obtener réditos electorales.