La Asociación Elín ha sido la única que ha denunciado la devolución en caliente registrada este jueves en la valla de Ceuta, adelantada por El Faro. La segunda, al menos conocida mediáticamente, que se ha producido en este 2020 a pesar de que Podemos dijo claramente que iba a negarse a ejecutar este tipo de actuaciones, en contradicción con las tesis mantenidas por el PSOE, su socio de Gobierno.
Elín ha remitido un comunicado en el que indica que “una vez más, la frontera sur vuelve a ser un espacio de no derecho para las personas migrantes y refugiadas”. En el mismo indica además que la persona devuelta es un menor. Dato este que no ha sido verificado por nadie, ni tampoco por la Delegación del Gobierno que en la mañana de este jueves confirmaba este episodio migratorio a El Faro.
Elín indica que, entendiendo que se trataría de un menor, “no se ha tenido en consideración su interés superior” al no habérsele identificado. “Ponemos de manifiesto que el Estado está obligado a no trasladar a un menor a un país en el que haya motivos racionales para pensar que existe un peligro real de daño irreparable para el menor”. “Consideramos esta práctica como irregular en base a la legislación internacional. Recordamos que la Convención de Ginebra prohíbe este tipo de prácticas ante la posibilidad de expulsar a personas en necesidad de protección sin realizar trámite alguno”, explica.
“Es injustificable, según el derecho internacional humanitario, que España expulse a seres humanos a Marruecos, país que vulnera sistemáticamente sus derechos, sin saber si serán perseguidos por motivos de orientación sexual, identidad de género, motivos políticos, o cualquier otra circunstancia recogida en el Estatuto de los Refugiados”, añade en el comunicado.
“La pandemia del coronavirus ha puesto en evidencia, una vez más, que es la población migrante y refugiada quienes más sufren los efectos inhumanos de las políticas de control de fronteras”, recalca. “Desde la Asociación Elín queremos resaltar la gravedad de esta medida la cual supone un gran riesgo para este menor en el contexto de crisis sanitaria en la que nos encontramos actualmente”.
La asociación pide “coherencia” al Gobierno de Pedro Sánchez “quien criticaba al anterior Gobierno por estas devoluciones y que él mismo se comprometió a eliminarlas. Sin embargo, estas prácticas ilegales se siguen produciendo en las vallas de Ceuta y Melilla desde hace más de una década con total impunidad”. “Como Asociación defensora de los Derechos Humanos expresamos nuestra repulsa y exigimos al Gobierno que no siga realizando estas devoluciones que vulneran los Derechos Humanos y provocan daños irreversibles en las personas migrantes”, añade.
