El Juzgado de lo Social número 3 de Granada ha trasladado al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) la causa abierta por el conflicto colectivo que el sindicato FETE-UGT presentó contra la Universidad de Granada para reclamar la devolución de una paga extra de Navidad que le fue detraída al colectivo de investigadores de la institución docente.
Esta situación se produce después de que en el juicio celebrado el pasado julio, una de las partes solicitara que el caso se trasladara al Alto Tribunal por considerar que el Juzgado de lo Social no es competente, ya que la Universidad de Granada también cuenta con campus en Ceuta y Melilla, según han informado fuentes del caso.
La detracción de esta paga extra fue aplicada en cumplimiento del Real Decreto del Gobierno para garantizar la estabilidad presupuestaria y afectó a casi un millar de investigadores de la UGR, que en algunos casos se quedaron con sueldos de "unos 200 euros", según se puso de manifiesto por parte de FETE-UGT durante la pasada vista.
El sindicato, que preside el comité de empresa del Personal Docente e Investigador (PDI) en la UGR, mantiene que no es legal la aplicación de este decreto a los investigadores, pues contraviene a su juicio la ley de subvenciones por la que se rigen los sueldos de este colectivo y cuyas partidas tienen un carácter "finalista" que no se puede modificar.
Además, el sindicato considera que "el correo electrónico del Ministerio en el que se basó la vicerrectora de Investigación para aplicar el decreto no tiene valor jurídico", como tampoco lo tiene a su juicio el informe de la Universidad que justificaba la medida.
La Defensa de la Universidad de Granada no se mostró de acuerdo con estos extremos y pidió en la vista que se desestimara el proceso, lo que fue rechazado por el juez.
El responsable de la Sección Sindical de FETE-UGT en la Universidad de Granada, Antonio Oña, ha lamentado en declaraciones que el caso vaya a ser derivado al Tribunal Superior porque, aunque los argumentos para dar la razón a los investigadores "son muy sólidos", esto prolongará la decisión judicial en perjuicio de los afectados, que en su mayoría realizan su labor en Granada.
