El TSJA, a través de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla en su Sección Tercera, ha dictado ya tres sentencias referentes a casos de escolarización correspondientes al curso 2009 en las que viene a confirmar los criterios de escolarización seguidos por el Ministerio de Educación. De las tres sentencias ya resueltas, sólo hay una en la que falta por cumplirse un trámite para que sea firme: la comunicación oficial de que no cabe recurso. En todas ellas los fundamentos de derecho seguidos por el TSJA para desestimar los recursos contencioso-administrativo interpuestos por los padres de los alumnos afectados vienen a coincidir, dando la razón a los criterios que en aquel año siguió el Ministerio. Aclara el tribunal que “la posibilidad de ampliación de la ratio” en un centro “no procede siempre que se solicite por un interesado”, tal y como ha sido en los casos denunciados. Aclara el tribunal que sólo procede cuando “sea la única forma de salvaguardar el derecho de unos determinados padres a que su hijo reciba la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones, en un centro concertado respecto del que se cumplen los requisitos básicos legales y reglamentarios para su acceso, y previo examen de la situación del centro. Otra cosa llevaría a la masificación de los centros, efecto perverso que también perjudica otras vertientes del derecho a la educación”, advierte.
En las sentencias ya conocidas por el ME se indica que los demandantes no cumplen con los requisitos legales y reglamentarios, desestimando así los recursos interpuestos en su día. Durante todo este tiempo de espera hasta que el TSJA ha emitido sentencias firmes han pasado dos años; un periodo en el que los alumnos afectados fueron cambiados de colegio, al adoptarse unas medidas cautelares que sí fueron concedidas.
Ahora el Ministerio, con las sentencias en la mano, debe decidir su postura, que pasa por la ejecución de las mismas por lo que los alumnos afectados deberán regresar al colegio que se le asignó en su día por parte de la comisión de escolarización. En el curso 2009 la educación terminó judicializada, siendo la primera vez en que padres terminaban acudiendo a los tribunales buscando amparo para cambiar de centro escolar. En este curso 2011/2012 al ME sólo han llegado reclamaciones.
