El Tribunal Constitucional acaba de dar un sonoro tirón de orejas a la Sociedad Española de Estudios para la Comunicación Fija a través del Estrecho de Gibraltar (Secegsa), dependiente del Ministerio de Fomento y que desde 1981 trabaja, junto a su homóloga marroquí, en el estudio de una hipotética conexión subterránea entre Europa y África similar a la que discurre entre Francia y el Reino Unido bajo el Canal de la Mancha. En un informe publicado relativo a 2011, el Alto Tribunal coloca a Secegsa como ejemplo, junto a otras seis sociedades, de gestión “cuestionable” en el ámbito del sector público empresarial estatal por varios y contundentes motivos: no posee activos, acumula cuantiosas pérdidas y gasta más en directivos que su actual volumen de negocio. Como prueba de ello, el Constitucional detalla que para la encomienda que recibió del Estado hace décadas, el estudio de viabilidad del proyecto transoceánico, la sociedad cerró el ejercicio de 2011 con unos números rojos de 170.000 euros y que, sin embargo, sus diez consejeros se repartieron dietas por valor de 64.000 euros. Sus once empleados ganan 54.000 euros anuales.
