Siempre que se hace inventario de los graves problemas estructurales que dificultan el desarrollo de Ceuta, aparece indefectiblemente, y en lugar destacado, la “escasez de suelo”.
Es una obviedad que no precisa demasiada explicación. Un espacio muy reducido, sin posibilidad de expansión, y sometido a una intensa presión demográfica, se convierte en un indiscutible paradigma del fenómeno de la superpoblación; y de sus consecuencias inherentes. La persistencia en el tiempo de esta situación, y su progresivo empeoramiento, constituyen una prueba irrefutable de la debilidad endémica de los ceutíes para afrontar cualquier desafío. No es comprensible que una ciudad con una densidad de población superior a los 4.200 habitantes por kilómetro cuadrado, con clamorosos déficits en equipamientos sociales, y un hiriente problema de vivienda (inaccesible por escasa y cara), se resigne a que aproximadamente el 40 por ciento de su suelo permanezca secuestrado y baldío. Y sin embargo, así es. Hace ya más de una década que el Ministerio de Defensa redimensionó las unidades militares presentes en nuestra ciudad, y que los sistemas defensivos se vieron sustancialmente modificados, por mor de una modernización inevitable. Desde entonces, amplias bolsas de suelo ocioso, y enormes edificios destartalados, languidecen ajenos a las acuciantes necesidades que desesperan a la población, como una metáfora de la decadencia que parece arrastrarnos irremediablemente hacia el abismo. ¿Por qué sucede esto? El origen de este dislate se encuentra en una decisión del Gobierno de la Nación de aquella época (del PP). Decidieron conceder al Ministerio de Defensa la gestión de su patrimonio inmobiliario como una fuente alternativa de recursos económicos para no enfadar al Ejército ante los recortes presupuestarios. Al amparo de esta norma, el Ministerio de Defensa especula con sus propiedades como si fuera una empresa privada, absolutamente al margen del interés general. Pondremos un solo ejemplo. Recuperar la parcela del Brull le costó a los ceutíes 11 millones de euros. Así negocian, metro a metro, exprimiendo sin piedad las arcas públicas de la Ciudad a través de lo que ellos llaman convenios y cuyo nombre más correcto sería atracos. Es cierto que este hecho se produce en todas las ciudades españolas, la diferencia estriba en la proporcionalidad. En resto del país son propiedades insignificantes y, consecuentemente, el impacto también. Pero es absolutamente irracional someter a este criterio un cuarenta por ciento del suelo de un territorio. ¡Esto sí que es una singularidad! ¿Por qué esta perversa disposición no se ha modificado? Este es otro de los estragos que el poder de la casta (PSOE y PP) inflige a nuestra Ciudad. Los que se han repartido el Gobierno desde entonces han hecho prevalecer su tradicional sumisión al Ejército sobre los intereses de Ceuta. Prefieren mantener contentos a los militares que mercadean insensibles con nuestro suelo, cómodamente aposentados en sus despachos, en lugar de buscar soluciones a los agobiantes problemas de espacio que sufren los ceutíes. Caballas, al inicio de la legislatura, planteó al Pleno la posibilidad de presentar una iniciativa legislativa para exceptuar Ceuta y Melilla de la maldita normativa vigente, ante el descalabro que estaba provocando, y la más que evidente razón. Fue rechazada, como sucede siempre que se trata de romper los corsés que nos mantienen suspendido en la edad media. La casta para esto es implacable. Pero la ciudadanía debería tener otra actitud. Deberíamos movilizarnos para exigir la devolución inmediata de un suelo que está siendo usurpado tan injusta como injustificadamente. No construiremos Ceuta con lamentos, sino con entusiasmo y acciones valientes.
