El inicio de la toma de declaraciones a agentes de la Guardia Civil por los sucesos del 6-F se ha convertido en uno de los procesos judiciales de mayor peso en la ciudad.
Se está poniendo sobre la mesa el modo de proceder encomendado a la Guardia Civil, su gestión ante las avalanchas, el desarrollo de unos protocolos y de unas normas gestadas por la clase política. Así ha sido desde siempre, así lo han ordenado los distintos gobiernos de socialistas y populares que ahora lideran un enfrentamiento por el poder electoralista utilizando, de nuevo, a la Benemérita. La presencia de medios de comunicación terminó por alterar la rutina en el entorno judicial y convirtió a los 4 primeros agentes de los 16 llamados a declarar en protagonistas. El capitán de la Compañía Rural de Seguridad no evitó grabaciones, ni intentó entrar y salir del juzgado sin ser visto. Es más, tampoco se tapó el rostro ni protagonizó carreras. Se dejó grabar, fotografiar de todos lados posibles en todas las ocasiones que hubo espacio para ello. Los medios de comunicación, en su deber de informar, estuvieron allí porque todo lo que tiene que ver con la muerte de 15 personas, como sucedió el 6-F, es noticiable y hay que ofrecer todo tipo de datos con la transparencia debida. Pero también con el respeto. A nadie se le debe olvidar que tanto el capitán de la Rural como el resto de 15 guardias civiles no están condenados, gozan de la presunción de inocencia que tiene todo ciudadano, han sido llamados a declarar en calidad de imputados acudiendo con sus letrados para disponer de una defensa. Hoy por hoy no existe ninguna carga criminal sobre ellos más allá de que tienen que prestar declaración en un asunto que por el bien de la Guardia Civil, primero, y de todos los ciudadanos, después, debe ser aclarado. En algunos momentos, la subida del capitán al juzgado parecía más bien la estación de penitencia de un hombre que, por su profesión, tuvo que asumir el mando de un operativo, que también tiene sus derechos, que estuvo allí en el día en el que a nadie le hubiera gustado que la tragedia se produjera. Se están difundiendo muchas informaciones falsas, muchas conclusiones sobre cómo ocurrió la mortal avalancha que no cuadran con la realidad. Hay una línea que no debe ser sobrepasada, una línea definida por límites, una línea que debe presidir el respeto hacia la verdad y hacia todos los actores implicados de una u otra manera en esta historia. Los posicionamientos extremos no ayudan a arrojar luz sobre lo que pasó. Ni mucho menos a hacer justicia.
