Los portavoces económicos del Grupo Popular, Fátima Bánez y Álvaro Nadal, y el diputado y secretario de Política Municipal y Autonómica del PP, Juan José Matarí, denunciaron el pasado jueves el veto del Gobierno -que hace el número 81 del Ejecutivo de Zapatero en lo que va de legislatura-, a una iniciativa suya que hubiera restablecido la línea de crédito ICO-Morosidad para que los ayuntamientos paguen las facturas a sus proveedores, que son principalmente autónomos y Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES), es decir, “quienes crean empleo”. En una rueda de prensa conjunta en el Congreso, Nadal rechazó de plano el veto de ayer del Ejecutivo a la enmienda presentada por su formación en la Comisión de Economía y Hacienda y anunció que pedirá el amparo a la Mesa del Congreso porque, como expresó, los argumentos que alegó el Ejecutivo para evitar que se debatiera y votara dicha iniciativa “ni son correctos ni se sostienen; son arbitrarios y no respeta lo que hasta ahora era la doctrina de la Constitución acerca de la manera en que el Ejecutivo puede limitar los poderes del legislativo”.
Recuperar
Como recordó Nadal, la enmienda del PP buscaba recuperar la línea de crédito ICO-Morosidad que se estableció en su día en la Ley de Morosidad y que el Gobierno “nunca llegó a cumplir y luego liquidó mediante una disposición final en la Ley de Presupuestos”. Todas estas razones, añadió, “nos llevan a pensar que el Gobierno ha actuado por cualquier motivo menos los jurídicos y constitucionales adecuados para realizar este veto”.
Desde el PP no se entiende la negativa mostrada por el Gobierno socialista.
