Red Acoge ha advertido de que tras la firma del Pacto Migratorio el Estado español no puede negar el auxilio a ninguna embarcación que se encuentre en peligro en alta mar, tampoco mantener las
devoluciones sumarias en Ceuta y
Melilla, ni continuar su actual acuerdo bilateral con
Marruecos. La entidad lo asegura en un comunicado en el que además exige al Gobierno la adopción de medidas concretas para cumplir
el Pacto Mundial sobre Migración para una Migración Segura, Ordenada y Regular, tras su firma en Marrakech. “El Estado español no puede negar el auxilio a ninguna embarcación que se encuentre en peligro en alta mar, como sucedía hace tan solo unas semanas en el caso del pesquero español que rescató a 12 personas frente a las costas de Libia. Tampoco puede mantener la práctica de las devoluciones sumarias como viene haciendo hasta ahora en la frontera de Ceuta y Melilla. Ni puede mantener un acuerdo bilateral como el que tiene firmado con Marruecos”, sentencia.
Obligaciones internacionales
“El Pacto considera que las fronteras internacionales no son zonas de exclusión o excepción de las obligaciones de los derechos humanos. Los Estados tienen derecho a ejercer su jurisdicción en las mismas, pero deben hacerlo de conformidad con sus obligaciones en esta materia”, añade. Como representante de la sociedad civil, Red Acoge puntualiza que tras la firma del Pacto se ha configurado el primer gran marco de cooperación multilateral que aborda la gobernanza de la migración de forma conjunta, reconociendo que “ningún Estado puede abordar la migración en solitario”. El Pacto parte de la concepción común de “que la migración es uno de los rasgos distintivos de nuestro mundo globalizado, que vincula a las sociedades dentro de todas las regiones y también a nivel interregional” y marca 23 objetivos relacionados con las políticas en las fronteras, la discriminación y el racismo, los planes de movilidad laboral y otros aspectos relacionados con los efectos positivos de la migración en el desarrollo de los países. A pesar de ser un Pacto “no vinculante jurídicamente” en el cual se reafirma el respeto a la soberanía de los Estados a adoptar sus propias políticas migratorias, también se basa en los tratados internacionales de derechos humanos que obligan a los Estados a respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de todas las personas, sin discriminación alguna. Red Acoge indica que la firma de este Pacto implica no solo el abordaje multilateral de la migración, sino un cambio radical “en las políticas de disuasión, externalización, militarización y robustecimiento de la seguridad del control de fronteras llevadas a cabo por la mayoría de países, que han causado miles de muertes y suponen una grave vulneración del derecho a la vida de las personas migrantes”. ¿Qué pide Red Acoge? De entrada que se derogue la Disposición final primera sobre el Régimen especial de Ceuta y Melilla establecido en la Ley de Seguridad Ciudadana, que autoriza las devoluciones sumarias de inmigrantes detectados en la línea fronteriza de la demarcación territorial de estas ciudades. También que se cumpla en todos los casos con su obligación de “prestar auxilio a cualquier persona que se halle en peligro, independientemente de la nacionalidad o estatus de esas personas o las circunstancias en que fueron halladas”. A esto añade, como punto clave, que se modifique el modelo de cooperación con Marruecos, y poner fin a una política de fortalecimiento dirigida a la contención de todas aquellas personas que quieren llegar a los países europeos, “lo que ha supuesto redadas violentas por parte de las fuerzas de seguridad de Marruecos en las zonas y barrios donde se asientan cientos de personas migrantes que han llegado de otros países africanos en su ruta migratoria”. “Asegurar la protección jurídica efectiva de los niños y niñas no acompañados y velar por que se aplique el principio de no devolución y se tenga en cuenta el interés superior del niño como consideración primordial, e impartir a los profesionales pertinentes formación y orientación adicionales sobre la determinación del interés superior del niño”, forma parte de otro punto clave, así como cerrar los CIE. Acoge cree que las políticas cuyo objetivo es frenar y limitar la migración en vez de su gestión sólo sirven “para exacerbar los riesgos a los que se exponen los migrantes y crear zonas de ilegalidad e impunidad en las fronteras”. De igual manera considera que “ante el aumento de los grupos políticos que mantienen ideas xenófobas y racistas se hace necesario más que nunca un pacto sobre políticas migratorias que pongan en el centro los derechos de las personas”.