El Ministerio Fiscal ha calificado desde el año 2008 un total de 15 causas que tienen relación con apedreamientos. Se trata de asuntos en los que se han visto involucrados menores de edad y que han sido resueltos por la Fiscalía cursando, en la amplia mayoría, sentencias condenatorias.
Un repaso a las estadísticas oficiales del Ministerio deja claro el aumento de este tipo de actos vandálicos en los que cuesta el esclarecimiento policial debido a lo complicado de la identificación de los participantes.
Pues bien, si en 2008 fueron calificados tres casos, ya en 2009 la cifra se elevó a cinco y el año pasado fueron seis. En este 2011 sólo se ha llegado a calificar un caso. Todos son asuntos que tienen que ver con apedreamientos a agentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad.
En el caso de los adultos implicados en este tipo de situaciones también se han registrado varios casos ya judicializados, que se han saldado con distintas penas carcelarias.
Las fuerzas de seguridad han dispuesto diversas operaciones para, precisamente, intentar detener a los autores del lanzamiento de piedras, caracterizándose todas ellas por lo complicado de su detección debido a que los autores intervienen con los rostros tapados.
El último juicio, saldado con 18 meses de cárcel
Esta misma semana el juzgado de lo Penal celebraba una vista por conformidad que se saldaba con la condena a un ceutí implicado en un apedreamiento. En concreto la pena acordada entre la acusación particular y la defensa del acusado además del Ministerio Fiscal fue de 18 meses (y no seis como se publicó por error). Esa pena se corresponde con tres delitos: uno por alteración del orden público, otro por desobediencia a la autoridad y un tercero por lesiones indirectas. Y es que no se demostró que el llamado A.M.A. fuera el que lanzó la piedra que afectó a un agente de la Policía Local al que dejó casi ciego de un ojo; pero sí se demostró que el acusado fue el que alentó a que varias personas lanzaran piedras contra las fuerzas de seguridad que intervinieron en el Príncipe en aquellos sucesos. La condena lleva además consigo una indemnización económica por los daños ocasionados al agente policial.
