“El Ministerio actúa a veces como si el docente no tuviera derechos”

¿Es necesario convocar a un miembro del claustro que está en incapacidad temporal? ¿Las intervenciones quirúrgicas sucesivas dan derecho a permisos sucesivos? ¿Se puede entregar las notas de un niño a cualquiera de  sus progenitores si están separados y uno se niega? ¿En qué casos procede la cesión de datos de un alumno a la Policía por parte de un centro?

¿Debo colocarle una cánula anal a un niño, como dice la Inspección, sin ser sanitario? A estas y a otras muchas preguntas ligadas a la actividad “cotidiana” de los docentes responderá mañana la abogada Carmen Perona, de FECCOO, en el Salón de actos del Edificio Sindical, donde a partir de las 19.00 horas presentará su último libro, ‘Práctica Docente. El derecho en defensa de tus derechos’.
–¿Han cambiado mucho durante los últimos años los problemas a los que se enfrentan maestros y profesores cada día?
– Muchísimo. Al margen de la disminución de las retribuciones se ha registrado un notable incremento de las ratios de alumnos por docente que ha repercutido directamente sobre la relación del profesional con los estudiantes y sus familias y que, a su vez, deriva en problemas de ansiedad y estrés, singularmente entre los interinos.
– ¿Se ha ido en todo a peor?
– Le voy a poner un ejemplo que hemos analizado hoy [por ayer] mismo: un profesor de Matemáticas  debe impartir Cálculo, Economía Parcial, Técnica de Laboratorio, Inglés, Literatura Castellana, Historia de la Educación... Imagínese. Así salen los alumnos. Esta deriva en menoscabo de las condiciones profesionales de los docentes pero también de la Educación en general.
– ¿Cómo ha afectado todo eso a la litigiosidad en el ámbito docente?
– De una forma exagerada. En general la gente reclama menos por las pegas económicas que han introducido las costas, las tasas judiciales... En el ámbito docente sin embargo hay muchísima más litigiosidad y no tanto por temas de retribuciones, como alguien podría pensar, sino por expedientes disciplinarios, que cada vez son más numerosos.
–¿Por qué es eso así?
– Sobre too porque proliferan las denuncias de alumnos y padres contra el profesorado, aunque haga un buen trabajo o actúe de buena fe. Se está utilizando mucho la vía judicial para actuar contra el profesorado y en Ceuta y Melilla el Ministerio se comporta como si el profesorado no tuviera ni derechos ni deberes más allá de atender la jerarquía que impone la Administración.
–¿Eso en qué se traduce?
– En permisos y licencias que no se conceden, en tutorías en las que no se puede prestar la misma atención, en expedientes... Yo, que ejerzo en Madrid, soy la abogada con más pleitos abiertos en los juzgados de la región.
– ¿Recibe muchos casos por singularidades locales de las ciudades autónomas?
– Hay alguno y creemos que los vamos a ganar cuando el Ministerio se niega, por ejemplo, a abonar el Complemento de Destino que corresponde al funcionario allí donde se encuentra. Quitando derechos es como el Ministerio obtiene superávit, tanto en las ciudades autónomas como en el Exterior, y el problema es que para ver reconocidos tus derechos debes reclamar y esperar una sentencia durante años.
–¿Cuál es el problema más frecuente que se encuentra en Ceuta y Melilla?
– Asuntos relacionados con reclamaciones con los padres, aunque no siempre lleguen al ámbito judicial. Hablo de denuncias por retirada de un teléfono, por cuestiones vinculadas a la autoridad del profesor... También son habituales las reclamaciones económicas, pero mientras que en las Autonomías las relaciones son más fluidas ante el Ministerio hay que reclamar todo en la vía judicial para exigir derechos que en otros territorios se reconocen de oficio.
– El endurecimiento de las condiciones de las incapacidades temporales...
– Ha ido muy a peor porque antes se cobraba el  100% y ahora a partir del día 20 de baja no. El docente se ve así en la necesidad de elegir entre tu salud y tu retribución, aunque tengas cáncer.
–¿Cabe actuar legalmente contra la desaparición de la Junta de Personal Docente?
– El ministro Cristóbal Montoro se ha comprometido el mes pasado a retocar el Real Decreto 20/2012, que en la ignorancia de este Gobierno vulneró el Estatuto que exige Juntas Electorales por sectores y competencias. Ahora hace falta un Decreto-Ley que lo haga.