El Juzgado de lo Penal número 6 de Málaga comenzó ayer el juicio a un médico por la muerte de la ceutí Encarnación Salazar tras someterse a una liposucción en noviembre de 2007.
El acusado declaró que puso “todos los medios” de la clínica para atenderla y evitar el desenlace; y ha desvinculado el fallecimiento de la paciente de la peritonitis que sufrió debido a dos perforaciones que se habrían producido durante la primera operación.
La Fiscalía solicita para el procesado una pena de dos años y medio de prisión e inhabilitación especial para el ejercicio de la profesión de médico durante cuatro años, así como una indemnización para sus familiares de casi 300.000 euros. Mientras, la acusación particular, en representación de la familia, solicita cuatro años de cárcel, seis de inhabilitación y el pago de 450.000 euros de indemnización. Ambas partes le acusan de homicidio por imprudencia.
El acusado, especialista en cirugía plástica, aseguró en su declaración que la mujer era su paciente en su consulta privada y que le informó de los riesgos normales de este tipo de intervenciones. Así, apuntó que no tenía otras patologías especiales, sólo debilidad de la pared abdominal y diastasis de recto, algo que no es una contraindicación a la hora de hacer una liposucción ni requiere de pruebas especiales, como una ecografía.
Durante la intervención, dijo, no notó algo anormal que le llamara la atención y después la mujer presentaba dolores, algo que no le extrañó porque es habitual. Días más tarde, por la analítica, se detectaron algunos problemas. Admitió que hubo una perforación intestinal y una peritonitis derivada, aunque dijo que no tienen nada que ver con la muerte, ya que “hubo más complicaciones añadidas” en todo el proceso.
Aseveró que esa perforación es “un riesgo, aunque poco frecuente” de las liposucciones y dijo que la mujer “superó” la peritonitis que sufrió, insistiendo en que en todo momento estuvo “atendida con los mejores medios” y se hizo “lo mejor que podíamos hacer” durante varios meses, hasta que “vimos necesario” trasladarla a otro centro hospitalario, donde finalmente falleció.
El hermano de la fallecida, Manuel Salazar, que fue quien presentó la denuncia para que se investigara la muerte, dijo en su declaración en el juicio que hubo una “negligencia consciente”, ya que “sabían que podía morir”, a pesar de lo cual apuraron hasta el último momento para trasladarla a otro hospital. Aseguró que toda la estancia en dicha clínica privada y las operaciones a las que fue sometida allí fueron “un fracaso”, a pesar de que siempre les decían “que todo iba bien, que no pasaba nada”.
