Se publicó recientemente un interesante libro del periodista Juan Francés titulado ¡Que vienen los lobbies!* que desmenuza el papel de estos grupos de presión en los países donde están legalizados y, por tanto, sujetos a control, frente a otros Estados en los que existen y tienen una vida activa pero no están reconocidos legalmente, lo que genera falta absoluta de transparencia y dudas de todo tipo. Los lobbies españoles, sin reconocimiento legal y actuando con diversas tapaderas, intervienen en las distintas administraciones públicas y en todas las fases de la regulación legal o reglamentaria. Desde el Gobierno al Parlamento y las Autonomías, los citados grupos de presión tratan de convencer a políticos de uno u otro signo de la bondad de sus aportaciones o de los inconvenientes de cualquier proyecto en marcha. Todo para defender los, en teoría, legítimos intereses de grupos, empresas o personas.
Hay lobbies que realizan una labor positiva, facilitando información veraz a políticos o instituciones y éste era el objetivo de la propuesta que hice en 1995, hace 18 años, para que Ceuta tuviera una representación en Bruselas a través de profesionales propios, arropados por un influyente despacho de abogados. En esa fecha escribía en este mismo periódico que es necesario decidirse por una representación modesta pero eficiente, utilizando personas introducidas en Bruselas para hacer lobby allí, pero que conozcan a fondo la realidad y peculiaridades de Ceuta. De haberse llevado a cabo este proyecto que incluso se aprobó en un Pleno Municipal sin consecuencias prácticas, habríamos estado presentes en cualquier decisión que nos afectara, ejerciendo eficaz contrapeso contra la actuación de otros lobbies que, con sus actuaciones, pudieron perjudicar bastante a empresas locales, al mismo régimen fiscal y a las compañías ceutíes amparadas por nuestro sistema de Reglas de Origen.
Ya en el Estrecho, venimos asistiendo a una campaña lenta pero constante que trata de convencer a la opinión pública de que la libre competencia consagrada en nuestras leyes, no es la solución para alcanzar mejores precios en el transporte marítimo. Se insiste en que es preciso tender a una sola naviera que, municipal o controlada mediante concurso público por el Ministerio correspondiente, sería la solución definitiva. Incluso, algunos llegan a decir que la fórmula mágica para alcanzar mejores precios es disminuir el número de rotaciones, decisión que corresponde a las empresas y no desde luego a ciudadanos o políticos. Porque nadie se imagina a una administración pública imponiendo horarios de apertura y cierre a comercios, para abaratar el yogur u otros productos.
Y ahora el ciudadano asiste con sorpresa a la renuncia de las navieras a participar en el concurso para adjudicarse el contrato de interés público en el Estrecho que asciende a tres millones de euros, a cambio de asegurar algunas rotaciones, ofrecer supuestos precios razonables y otras prestaciones complementarias. Aparte de que sea o no necesario este contrato y teniendo en cuenta sentencias y resoluciones con probadas concertaciones anteriores, extraña que ninguna de las dos compañías esté interesada en ingresar ese importe lo que, según algunos, debería obligar al ministerio a publicar otro pliego. Pero también puede la Administración resistirse a las presiones, lo que en mi opinión resultaría mucho más sano, coherente y, de paso, evitaría una situación de privilegio para la naviera que cobrara tan importante cantidad.
Si en este caso del contrato de interés público y de la naviera única está actuando en Ceuta algún lobby -lo que no sería de extrañar y podría no ser del todo negativo, si fuera transparente y supiéramos quién está detrás- tanto el Ministerio de Fomento como el Diputado y Senadores por Ceuta, deben tener en cuenta que por sistema deben defender la libre competencia consagrada en nuestra Constitución y en el acervo comunitario, sobre todo en líneas marítimas que utilizan europeos de distintas nacionalidades. Un patinazo en tema tan sensible, donde podría salir perjudicada en precios o eficacia nuestra ciudad en su conjunto, podría ser definitivo.
En realidad, últimamente hemos asistido a la efectividad de la libre competencia en la reciente guerra de precios y calidad, a la supresión de ofertas y subidas de precios en cuanto se aproximó la Operación Paso del Estrecho, a la sucesión de expedientes y multas de la Comisión Nacional de la Competencia y otras pistas a disposición de cualquier observador imparcial (no olvidemos que durante la OPE una disposición legal concede vacaciones a la legislación de competencia).
Y desde luego otros santos lobbies locales, junto a ciudadanos escarmentados, interpondrían, en el caso de la naviera única, la correspondiente denuncia ante las autoridades de competencia europeas porque, en principio, no se puede sovietizar a estas alturas una conexión marítima que une dos continentes, estando al servicio de ciudadanos de distintas nacionalidades y que debe cumplir escrupulosamente por tanto, la normativa nacional y comunitaria.
(*) “¡Que vienen los lobbies!. El opaco negocio de la influencia en España”. Juan Francés. Editorial Destino. Barcelona, 2013.
