El Juzgado de lo Contencioso número 2 de nuestra ciudad está dando prisas a la Ciudad Autónoma para que inicie cuanto antes las obras de reforma en el Paseo de La Marina Española que en su principal argumento se justifican en la impermeabilización de toda la zona peatonal que coincide con la parte superior del garaje subterráneo. Y es que en su día la comunidad de propietarios de estos garajes presentó una demanda para que el Ayuntamiento se hiciera cargo de la citada reforma, porque no se puede olvidar que es propiedad de la Ciudad Autónoma. Una reclamación que en su día se presentó por responsabilidad patrimonial derivada de daños en el aparcamiento subterráneo, los cuales se habían producido como consecuencia del mal uso y conservación de la zona de esparcimiento ubicada sobre la cubierta de los mismos. Y el caso fue ganado por la comunidad de propietarios.
Pues bien, el pasado día 17 de octubre, el magistrado juez de lo Contencioso Administrativo número 2 de nuestra ciudad, Antonio Severo Castro, envía una providencia a la Consejería de Fomento de la Ciudad Autónoma para que ante el incumplimiento de la sentencia que firmó en su día se le da diez días a la Ciudad para que provea los fondos necesarios para acometer las obras de reparación de los garajes. Incluso apercibe que si se incumple la providencia dictada ello motivará el embargo de bienes patrimoniales suficiente para dar cumplimiento al fallo.
Pues bien, la misma consejera de Fomento, dentro de los cinco días siguientes en los que tenía derecho al recurso, envía un escrito al magistrado donde le indica en primer lugar que se da un plazo de diez días para acreditar un extremo que la Ciudad Autónoma ya había acreditado, es decir el proveer los fondos necesarios para acometer las obras de reparación de los garajes.
Además se le recuerda al magistrado, porque así se ha enviado documentación a su Juzgado, que además de iniciarse el trabajo materialmente, se han realizado hasta dos catas sobre el terreno, se ha enviado la licitación de la obra al propio Boletín de las Comunidades Europeas (es preceptivo por el coste de la obra). Igualmente en ese escrito se indica que se ha realizado una retención de crédito de cerca de novecientos mil euros para que los trabajos se realicen. Además, alega que una vez adjudicada la obra en este mismo año, el grueso se realizará a lo largo de 2014.
Hace mención la consejera a que el gasto de 2014 se materializa con la aprobación del presupuesto de la Ciudad para ese ejercicio, gestión administrativa que corresponde al Consejo de Gobierno y que luego pasaría al pleno, alegando que no es competencia de la consejera de Fomento la aprobación de ese presupuesto, sino del pleno de la Asamblea, aunque incide en que en el Juzgado se conoce que hay compromiso por parte del Consejo de Gobierno de comprometer ese gasto para el año que viene.
Por último, le recuerda al magistrado que la documentación que existe en el expediente judicial recoge de manera pormenorizada todos los pasos que materialmente se han realizado (proyecto de obra, compromiso de gasto para el año que viene, retención de crédito en 2013 y licitación de la obra). Por ello, lo único que resta en la adjudicación a la empresa y la aprobación de los Presupuestos 2014 donde aparece la anualidad de la obra de 2014.
De ahí que en el último párrafo del escrito se especifique que en ningún momento se puede entender que no se está dando cumplimiento a la sentencia, sino que ese cumplimiento es complejo porque abarca a la Consejería de Fomento, a la Consejería de Hacienda y al propio pleno y que está sometido a la realización de los pasos administrativos que son preceptivos.
