El juzgado archiva el ‘Caso Urbaser’ y considera que no existió delito penal

Un año después de que  el secretario general del PSOE, José Antonio Carracao, presentara denuncia en la Fiscalía para que investigara el “ilícito penal” en el que, consideraba, había incurrido la Ciudad por una posible existencia de pagos por exceso de 12,5 millones de euros a Urbaser, la justicia se ha pronunciado.

Y lo ha hecho dictando un auto, a cuyo contenido ha tenido acceso El Faro, con el que ordena el sobreseimiento del procedimiento. La titular del juzgado de instrucción número 1, que está sustituyendo a la del 5 que es la que instruía el caso, ha adoptado esta decisión al considerar que no cabe la existencia de delito alguno. Se trata de un sobreseimiento que no es firme y contra el que cabe recurso, algo que todavía no se ha producido.
Las conclusiones a las que ha llegado su señoría chocan, en esencia, con las que publicitó el secretario general del PSOE, José Antonio Carracao, cuya actividad política se centró prácticamente durante buena parte de 2013 a liderar una campaña de acoso y derribo del Gobierno por el ya denominado ‘Caso Urbaser’.
Según las conclusiones de su señoría, se estaba ante una relación contractual administrativa de larga duración entre la Ciudad Autónoma y la empresa Urbaser para las labores de limpieza. Su cumplimiento final para el pago depende, no obstante, de un procedimiento judicial administrativo que está pendiente de resolver y que es el que ha motivado una disparidad de criterios entre la empresa y la Ciudad Autónoma sobre los pagos que debían hacerse.
A juicio de la titular del juzgado número 1, no está acreditado que haya existido una “distracción” de dinero o se haya incurrido en un delito de “prevaricación”, solo existiría un “mero incumplimiento contractual cuya cuantificación corresponde aclarar al Juzgado Contencioso”. No existe pues salida por la vía Penal de ahí que se haya dictado el sobreseimiento del procedimiento. Un procedimiento iniciado una vez que la Fiscalía dio traslado, en abril de 2013, de la denuncia presentada por Carracao al juzgado que estaba de guardia, el número 5. Se pidieron informes a la Policía Nacional y se estudió la documentación en torno a este caso. La baja de la titular del juzgado número 5 ha hecho que la del 1 sea la que haya asumido el caso y dictado este auto.
El ‘Caso Urbaser’ dio para mucho. Incluso para una comisión de investigación paralela que se cerró, al igual que ahora pasa con el judicial, sin hallazgo de irregularidad alguna.
Tras las primeras declaraciones de Carracao, ese mismo día el entonces consejero de Economía y Hacienda, Guillermo Martínez, salió al paso en unas afirmaciones ante los medios de comunicación, donde dejó bien claro que por parte del Gobierno no se había pagado ni un solo euro de más a Urbaser por el cumplimiento del contrato que tenía con la Ciudad Autónoma y que incluso el informe del técnico contable, que establecía que se habían pagado doce millones  y medio de euros de más, que dió pie a la rueda de prensa de Carracao, se había realizado a petición del mismo equipo de gobierno.
Con posterioridad, el entonces consejero ordenó la apertura de un expediente para que fueran varios los técnicos de la Ciudad los que informaran sobre el contrato de Urbaser, desde distintos puntos de vista y las conclusiones se cerraron argumentando que no existía ningún tipo de desviación y se confirmaba que no se le había pagado a Urbaser ni un solo euros de más.
Pero dentro de la política de transparencia que, desde el primer momento, ordenó el presidente Vivas, se decidió apoyar una moción que solicitaba una comisión de investigación sobre este tema.
Una comisión que fue presidida por Adela Nieto y de la que formaban parte los representantes de cada una de las fuerzas políticas. Se admitieron todas las peticiones de comparecencia, pero quienes no eran políticos no tenian obligación de acudir y se excusaron.
Las conclusiones de la comisión de investigación concluyeron con la aprobación, con los votos del Partido Popular, de una serie de aseveraciones que coincidían al cien por cien con los informes de los diversos técnicos de la Ciudad Autónoma.
El PSOE incluso intentó que la comisión de investigación continuará abierta, pero a ese punto concreto se negó en bloque el grupo parlamentario del Partido Popular. 

Cronología

Denuncia
16 de abril de 2013
El PSOE decide presentar una denuncia en Fiscalía ya que considera que existe un caso de corrupción. Es el ya bautizado como ‘Caso Urbaser’. La denuncia es trasladada desde el órgano fiscal al juzgado de instrucción competente, el número 5. Es un trámite habitual cuando hay que investigar un hecho.

Postura
No se pagó ni un euro de más a la empresa
El Gobierno mantuvo desde el minuto uno en este caso que no se había pagado ni un euro de más a la empresa Urbaser por sus años de contrato con la Ciudad Autónoma. Un extremo que luego fue ratificado en los informes que se solicitaron y que fueron redactados por distintos técnicos de la Ciudad Autónoma.
Comisión política
Paralela al juzgado
Vivas planteó, desde el primer momento, una postura de puertas abiertas en el tema de la investigación interna y luego además no puso ningún problema para que se creara una comisión de investigación. Se aceptaron todas las peticiones de comparecencia por parte de las diferentes formaciones políticas y hasta el mismo jefe del ejecutivo acudió a la misma.

La Ciudad negó a Urbaser todos sus peticiones y le reclama varios millones

El Gobierno de Ceuta desestimó “todos” los argumentos esgrimidos por Urbaser como anterior adjudicataria del servicio de limpieza pública viaria y recogida de basuras a partir de los informes elaborados por el letrado y el interventor de la Administración local sobre el recurso presentado por la empresa contra la resolución del expediente de liquidación de su contrato.
“Todas las pretensiones han sido rechazadas en defensa del interés general”, dijo en su momento el consejero de Economía, Hacienda y Recursos Humanos, Emilio Carreira, cuya actuación deja el asunto con la judicial como salida más que probable para una disputa que Urbaser ya judicializó hace meses con una reclamación de alrededor de 10 millones de euros al Ejecutivo.
El Ejecutivo local se ratificó así en el Decreto rubricado a finales de julio de 2013 por el mismo portavoz gubernamental para reclamar a Urbaser 4,8 millones por los meses de prórroga de su contrato renovado en 2001, cuando la amortización de la maquinaria ya estaba saldada, y 3,5 por la “sobreamortización” incurrida durante la vigencia del acuerdo.
La Ciudad todavía mantiene 7,5 millones “retenidos” a Urbaser por el pago de distintas certificaciones.