A partir de la retirada de la reforma de la ley del aborto por parte del Ejecutivo y la consiguiente dimisión del ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, pueden llevarse a cabo múltiples lecturas.
Desde luego, la principal conclusión que podemos extraer es la indiscutible derrota momentánea de una de las principales bazas (especialmente en lo mediático) auspiciadas por el Gobierno. Una derrota que, supuestamente, se ha basado en la inexistencia de un consenso sólido pero que, como ya suponíamos, parece tener más relación con la estrategia del Partido Popular destinada a restablecer su demacrado rostro con vistas a las elecciones generales del próximo año. Sin negar que será difícil recuperar el apoyo de algunos de los votantes descontentos que antes de esta medida respaldaron al Gobierno en los comicios, a lo cual se suma la ira que ha brotado en formaciones caracterizadas por un conservadurismo aún más recio a raíz de esta marcha atrás, sí parece lógico pensar que esta medida contribuirá decisivamente a evitar que continúe desgastándose con fuerza el electorado afín a esta formación política, pieza fundamental para estabilizar su apoyo y vencer en las siguientes elecciones generales, como pronostica la mayor parte de las encuestas con sus respectivos márgenes de error.
No obstante, pese a que se pueda pensar que la retirada de la reforma y la salida de Gallardón son un éxito en pro de los derechos de la mujer española del Siglo XXI, en los planes del Gobierno no está la perpetuación de la ley del aborto actual, por lo que se efectuarán cambios de una u otra manera. Probablemente este tema no vuelva a ser utilizado hasta después de las elecciones generales o, si es referido, se exhiba e incida en la gran flexibilidad del Gobierno a la hora de abandonar sus ideas a favor del consenso y/o el diseño de un teórico plan menos estricto. Sin embargo, si el Partido Popular vuelve a hacerse con el poder en 2015 es muy probable que insista en una reforma de dicha ley, aunque también es en gran medida factible que se lleve a cabo como una cuestión de bajo perfil si la situación del país no requiere tamaño despiste mediático.
Hemos de tener en cuenta que el anteproyecto de la reforma de la ley del aborto respondía en sus puntos fundamentales a la presumida doctrina si no del partido sí del Ejecutivo (o incluso de ambos), siendo respaldado no sólo por el presidente del Gobierno sino también por el Consejo de Ministros, responsable de su aprobación en el año 2013. Si bien es cierto que, como suele ocurrir en estos casos, el rechazo de este proyecto reformista se ha cobrado el puesto de Gallardón, su trabajo fue ordenado y posteriormente revisado y aceptado. Como todos sabemos, el único freno real a esta reforma ha sido, sobre todo, la presión popular y su extensión política, no la convicción por parte del Gobierno de que estaban errando de lleno con este asunto. Por lo tanto, estamos ante un tema que no se ha tachado de la agenda de la derecha que actualmente gobierna sino que se ha pospuesto debido a las circunstancias. Esto no termina aquí.
