El jueves 3 de marzo de 2011, Ceuta se convertía en escenario de una importante operación contra el blanqueo de capitales. Miembros del Equipo de Blanqueo de la Unidad Orgánica de la Policía Judicial de la Guardia Civil de la Comandancia de Cádiz se desplegaban en distintos puntos de la ciudad para practicar registros en casas de Hadú y la zona centro, intervenir documentación y llevarse detenidas a varias personas.
Con mandamiento judicial dictado por el juzgado central de instrucción número 1 de la Audiencia Nacional, los agentes ejecutaban un golpe de efecto que dio pie a cuantiosas portadas en los medios locales y nacionales. Hoy, de todo aquello queda bien poco.
La Audiencia Nacional ha dictado sentencia no firme en la que el todo de aquel operativo policial ha quedado reducido a la nada. Solo cuatro de las personas imputadas han sido juzgadas, ya que hay otros procesados que no se presentaron a juicio bien por estar en paradero desconocido, encontrarse preso en Marruecos o padecer una enfermedad justificada. Deberán ser juzgados en otro enjuiciamiento aunque su Defensa ya solicitó en su día la nulidad del proceso.
Los que sí desfilaron ante el juez han quedado absueltos de un delito de blanqueo de capitales procedente del narcotráfico, echando por tierra la investigación cursada por la Benemérita tras meses de investigación y pinchazos telefónicos así como el informe llevado hasta el final por el Ministerio Fiscal, que llegaba a pedir cinco y dos años de prisión y el abono de sanciones millonarias (más de 5 millones en uno de los casos).
La Guardia Civil había atribuido a los procesados determinadas conductas con visos de irregularidad, vinculando su actividad a la introducción en el mercado lícito de dinero procedente del tráfico de estupefacientes. Esta pieza policial se abrió después de que la propia Audiencia Nacional juzgara y condenara a 19 personas por tráfico de drogas, entre ellos dos guardias civiles destinados en Barbate.
Pues bien, en la sentencia a la que ha tenido acceso El Faro, el tribunal ha considerado que tanto las tesis sostenidas por el Instituto Armado y el Ministerio Fiscal no han sido confirmadas a través de la prueba practicada en el juicio celebrado el mes pasado. No ha quedado acreditado, asevera el tribunal -presidido por la magistrada Ángela Murillo-, que los procesados hubieran gestionado fondos procedentes del narcotráfico, ni que hubieran gestionado o dado apariencia de legalidad a fondos procedentes de estas actividades. Cada uno de los acusados tenía su profesión que le reportaba ingresos, en algunos casos cuantiosos como el de uno de los imputados que trabajaba de DJ en los locales de moda, pero no se ha podido constatar relación alguna con un origen ilícito.
“A pesar del esfuerzo de la Acusación por demostrar que los juzgados estaban implicados en actos de inserción en el mercado ilícito de fondos procedentes de las ganancias obtenidas del narcotráfico, ello no se ha producido en ninguno de los casos ni en ninguna de las actividades sometidas a escrutinio policial y judicial. Es cierto que de manera más o menos intensa, según los acusados, tuvieron relación con personas que han estado implicadas en actividades de tráfico de drogas, pero en los hechos probados ninguna alusión se realizó sobre la procedencia del narcotráfico de las cantidades que se pretendieron blanquear”, se indica en la sentencia.
“Todas las conductas que el Fiscal atribuye a los acusados presentan líneas fronterizas con irregularidades o con operaciones poco ortodoxas, pero de ello derivar consecuencias criminales supondría infringir el principio de legalidad penal”, añade el tribunal. “Nos encontramos ante actuaciones más propias de la economía sumergida”, matiza.
La acusación de blanqueo se ha caído quedando solo tres de los cuatro juzgados condenados por un delito de falsificación de documento mercantil -una factura- a un año de cárcel. La sentencia ya ha sido recurrida.
