La aprobación por parte del pleno de la Asamblea de una moción de urgencia donde se establecía rechazar la petición de la Delegación del Gobierno para que se suspendiera el polémico artículo quince de la ordenanza sobre las cédulas de habitabilidad no preocupa en demasía al portavoz del Ejecutivo, Emilio Carreira, en cuanto a que pueda existir un enconamiento en las relaciones con la representación de la Administración General del Estado en nuestra ciudad, “porque no existe nada de eso, ya que el trabajo conjunto de las dos administraciones se puede ver en multitud de acciones políticas que se han puesto en marcha y que están cristalizando en algunos casos y en otros aún están en estudio”.
Las diferencias que desde primeros de año se está produciendo con el tema de la ordenanza sobre las cédulas de habitabilidad son, desde su punto de vista, nada más que “informes jurídicos que tienen visiones distintas”.
Por ello, refleja que el pleno de la Asamblea aprobó su ordenanza basándose en los informes técnicos de los letrados del Ayuntamiento y en su caso el delegado del Gobierno los tiene de la Abogacía del Estado y los “mismos en nada se parecen”.
Ante las dos posturas contrarias sí adelanta que “al final las diferencias las debe resolver alguien y por supuesto, lo lógico es que al final termine en los tribunales y deba ser un juez el que establezca quien tiene la razón en este caso concreto”.
En el BOCCE se publicó ayer el texto definitivo de la mencionada ordenanza, una vez aprobado por el pleno de la Asamblea.
