“El Gobierno castiga la disconformidad social con autoritarismo”

La nueva Ley de Seguridad Ciudadana que pretende alumbrar el Gobierno ha despertado la reacción contraria de la oposición parlamentaria, de numerosos colectivos sociales y de la propia Unión Europea, temerosa de que puedan vulnerarse derechos fundamentales de los ciudadanos. Entre el catálogo de infracciones, algunos tan difusos como “la ofensa a España”, rodear edificios públicos o la celebración de reuniones no autorizadas aunque se les reconozca su carácter pacífico. Las sanciones, en casos considerados muy graves, pueden ascender hasta los 600.000 euros, aunque el Ejecutivo ha aceptado ya una revisión de las mismas ante el creciente rechazo social. Uno de los colectivos más críticos con el texto es la asociación Jueces para la Democracia.
–¿El Gobierno responde a alguna necesidad acuciante con la nueva Ley de Seguridad Ciudadana o trata tan solo de blindarse ante la presión de la ciudadanía?
–En estos momentos nuestro país no tiene un problema de seguridad ciudadana. De hecho estamos en los niveles más bajos de delincuencia de todo el ámbito europeo y tampoco existe una percepción social de que existan perturbaciones importantes de la seguridad, como demuestran todos los estudios de opinión. Tememos que esta ley, más que regular cuestiones de seguridad, lo que hace es castigar determinadas muestras de disconformidad social desde una posición de autoritarismo.
–¿Llama más la atención que se persigan conceptos abstractos como las “ofensas a España” o cercar edificios públicos, o la cuantía de las sanciones?
­–No sólo no son sanciones casuales, sino que castigan conductas que no han sido castigadas por los tribunales, como es el caso de determinadas manifestaciones pacifistas, de los escraches, las actuaciones contra los desahucios hipotecarios... En muchísimos casos, de forma unánime, nuestros jueces han considerado que no suponían un delito, ni una falta ni ningún tipo de infracción. Pero el Gobierno, una vez que no ha visto estimadas sus expectativas ante la justicia, lo que hace es ligarlas a la legislación administrativa con unas penas que son elevadísimas, mucho mayores de que lo que podrían haber impuesto los tribunales y no lo han hecho. Y con la diferencia de que en el ámbito de la Administración no existen las más mínimas garantías: al ciudadano afectado  se le impondrán multas para, en vía ejecutiva, inmediatamente acordar el embargo de los bienes del afectado, con lo cual la única vía que le quedaría sería acudir a un recurso administrativo ante los tribunales pagando unas tasas enormes, si puede. La diferencia entre el ámbito judicial y el administrativo explica que se regule de esta manera, y además con unas sanciones que son claramente disuasorias para impedir el ejercicio de determinados derechos.
–¿Saldrá adelante la reforma? El propio comisario europeo de Derechos Humanos ha advertido de que las penas que contempla son “desproporcionadas”...
–Desde los primeros borradores ha habido una reducción de algunas de las medidas, que eran claramente inconstitucionales. Se ha producido una rebaja en algunas sanciones, pero es insuficiente y hay que confiar en que si finalmente se aprueba la ley, ésta no sea lesiva para las libertades. No hace falta una nueva ley de seguridad ciudadana, pero si finalmente el Parlamento la aprueba debería ser respetuosa con los derechos fundamentales.
–¿Están en peligro derechos fundamentales como los de manifestación o reunión?
–Están en peligro, porque cualquier sanción que sea manifiestamente desproporcionada y abusiva es un ataque a los derechos. Hay conductas que pueden ser sancionadas, pero si el castigo es desproporcionado lo que sucede es que la gente no acaba ejerciendo los derechos por si, por ejemplo, una manifestación o una concentración pueden acabar en una sanción desproporcionada que condicione absolutamente el resto de su vida. El hecho de que una manifestación o concentración no esté comunicada no significa que desaparezca el ejercicio del derecho. Un ejemplo: si una persona con un camión, cuando está haciendo una obra, impide el paso por la vía pública, lo normal es que la multa sea de unos 200 euros por la perturbación vial que se produce. Pero si es una manifestación pacífica la que provoca esa perturbación no tiene sentido que nos vayamos a 30.000 euros, a no ser que lo que estemos castigando no sea la perturbación sino el derecho de manifestación. Una manifestación pacífica, aunque no esté comunicada, siempre responde al ejercicio de un derecho fundamental y si la sanción es absolutamente desproporcionada lo que estamos haciendo es reprimir ese derecho.
–¿Tiene sentido que a partir de ahora no sea un juez, sino un agente de la autoridad, quien determine qué es o deja de ser, por ejemplo, una “ofensa a España”?
–No, no lo tiene. Desde el Gobierno ha habido muchos intentos de criminalizar determinadas conductas, manifestaciones, escraches, actuaciones contra los desahucios hipotecarios. Mi impresión es que como el Gobierno no ha conseguido provocar un efecto de disuasión en el ejercicio de esos derechos, como la manifestación o la libertad de expresión, que canalizan la disconformidad ciudadana, lo que está haciendo es llevar esas conductas a un ámbito que controla directamente. Es decir, que no decidan jueces independientes sino una Administración que es, a la vez, juez y parte, con lo cual puede actuar directamente desde una concepción de un orden público que coincide con sus propias perspectivas políticas. Eso es peligroso, porque ante un tribunal un juez independiente decide si la conducta merece un reproche jurídico, pero al reservarse esa competencia la Administración actúa como juez y parte y con un interés directo indudable. Es uno de los elementos de reproche más importantes que se puede hacer al Gobierno.
–En el caso de la anulación de la ‘doctrina Parot’, ¿se prodiga poco el Gobierno en la didáctica? En lugar de explicar que se suprime una normativa por aplicarse de forma inadecuada y retroactiva parece que se propaga la idea de que se han abierto de par en par las puertas de las cárceles...
–Es importante subrayar que lo que están acordando de manera unánime estos tribunales no es la libertad de una serie de condenados de manera arbitraria, sino que están decidiendo que tienen que salir a la calle porque ya han cumplido su condena. Por tanto, lo que no es admisible es que a un recluso que ha cumplido el tiempo en prisión ya previsto le prolonguemos de manera antijurídica su privación de libertad, porque en estos casos los propios tribunales estarían cometiendo un delito de detención legal. Puedo entender la situación de las víctimas y muestro mi solidaridad con el sufrimiento que han padecido y siguen padeciendo, pero un Estado de Derecho tiene unas reglas de las que nos hemos dotado, y si las incumplimos nos ponemos al mismo nivel de los delincuentes. Una regla fundamental es que una vez cumplido el periodo de condena todo recluso tiene que quedar sin excepción en libertad, y otra es que durante el periodo de cumplimiento no se puede ampliar esa condena. Contradecirlo es atacar los principios más básicos del Estado de Derecho. Muchas veces  determinadas instituciones no hacen esa pedagogía colectiva. A las víctimas, como al resto de las sociedad, se les tiene que expresar que hay decisiones que pueden no ser comprendidas desde la perspectiva de los afectados, pero las reglas son ésas y sin ellas no habrá posibilidad de una sociedad civilizada y ordenada.
–¿Ha contaminado el debate que los delitos por los que fueran condenados quienes ahora se benefician de esa anulación sean tan sensibles como el terrorismo o la violencia sexual?
–Sin duda, y además creo que la doctrina Parot solo se explica en un contexto de fuertes presiones sociales y colectivas hacia los propios tribunales de forma indirecta por parte de un clima de opinión determinado, para evitar cómo iban a salir muchos terroristas de prisión. Pero hay que abstraerse del debate apasionado. El  hecho de que sea el Tribunal Europeo de Derechos Humanos quien puede ver estas cuestiones con menos presión, con mayor objetividad, nos indica que nuestro espacio jurídico es el de los Estados de Derecho. Y en esa perspectiva no vale luchar ni contra el terrorismo ni contra otras formas de delincuencia con otras armas que no sea  la ley. La prueba más clara es que la aplicación de esa ley es lo que ha permitido derrotar al terrorismo y que el conjunto de la sociedad,prácticamente toda, incluso la vasca, acepta que con violencia no se puede plantear ninguna reivindicación política. El Estado de Derecho nos ha dado esa fuerza y no podemos desnaturalizarlo.
–¿Es Jueces para la Democracia partidaria de esa especie de cadena perpetua que se ha bautizado como prisión permanente revisable?
–Creemos que es una medida de dudosa constitucionalidad, porque as condenas tienen que tener principio y final fijado y además los términos en los que está planteada podría ir en contra de lo que recoge nuestra Constitución, fijando sanciones que podrían ser inhumanas y degradantes. Lo que nos preocupa es que hay un fin muy claro en la Constitución, en su Articulo 25.2, que establece que las condenas tienen que tener como finalidad la reinserción social y que este concepto está perdiéndose. Parece que el Estado está renunciando a aplicar de una manera decidida la rehabilitación, la reinserción social de los delincuentes, y como hace eso se plantean medidas de este tipo que llevan a considerar la justicia como venganza y no como repuesta proporcionada a un delito que se ha cometido.  La solución no puede ser meter más gente todavía en prisión.
–¿Es cierto que España tiene en vigor el Código Penal más severo de toda Europa?
–Los datos objetivos así nos lo indican. No tiene sentido que con unos porcentajes inferiores de delitos a los de Francia, Alemania, Holanda... tengamos muchísimas más población reclusa que ellos. La única explicación es que nuestras leyes son más duras y además que utilizamos la prisión para casi todo. En otros países utilizan otro tipo de penas más rehabilitadoras. Si comparamos, en 1990 había unas 30.000 personas en las cárceles españolas, pero hoy tenemos cerca de 70.000. No tiene sentido esta escalada, no se justifica desde el punto de vista de la delincuencia. Nuestra sociedad, en todos los estudios de opinión, prácticamente ni alude a la seguridad ciudadana como principal problema. Todo lo que sea más prisión está en contra de la realidad objetiva y responde a un discurso muy autoritario, intenta manipular a la sociedad desde una perspectiva paternalista, mostrando cierto control de que se hace en beneficio de los ciudadanos tutelados, cuandola realidad es que estas medidas son innecesarias.
–¿Pero no está saliendo demasiado barato en este país ser, por ejemplo, condenado por corrupción? Quizás fomente la idea de que hay justicias para pobres y justicias para ricos...
–Eso tiene una base objetiva, y es que efectivamente a cualquier persona de la calle a la que se acusa de cometer delitos de manera habitual se le imponen condenas bastante rápidas, pero  en el caso de personas de cierto poder social económico o político las causas se eternizan, se gana mucho tiempo... En parte porque nuestro sistema judicial está diseñado para que se pueda condenar a personas con pocos recursos, pero no para perseguir a la alta delincuencia porque no hay instrumentos ni medios  suficientes.
–Hablando de altas esferas, ¿veremos a la Infanta Cristina imputada de nuevo por el caso Nóos?
–Ésa es una decisión que no depende tanto de la Fiscalía como del juez. Su actuación está siendo ejemplar, con independencia pese a todo tipo de presiones. Hay que dejarle concluir la instrucción hasta decidir si finalmente considera que existen indicios sobre la comisión de delitos y tomar, así, la decisión que considere oportuna sobre la Infanta.
–¿Podrá algún día la Justicia desembarazarse de la política? Cuando toca renovar el CGPJ o el Constitucional se viven auténticas batallas partidistas...
–Estamos en una época muy complicada para la independencia judicial porque hay una elevada concentración de poder económico que, en complicidad con el político, tiene mucha capacidad para tomar decisiones, y algunas de ellas pueden no ser beneficiosas para la sociedad e incluso algunas ilegales. De ahí estas tensiones, que en España son muy acusadas y suponen un intento de instrumentalizar el Poder Judicial para evitar que pueda realizar esa función de contrapoder y contrapeso a posibles abusos de otros poderes de la sociedad. Se pueden enmarcar en lo que ha ocurrido en el CGPJ y otro altos tribunales. No puede ser casualidad que existan tantos cargos de corrupción investigados en esos tribunales y que al mismo tiempo sí que haya habido un esfuerzo importante para vaciar de competencias el órgano de gobierno de los jueces. Y al mismo tiempo que haya un claro control político en los nombramientos y una clara vinculación de éstos con  el partido que ahora mismo gobierna en nuestro país.