La nueva ley de asistencia jurídica gratuita amplía y garantiza el acceso a este derecho a las personas con dificultades y a los casos más graves.
Esta reforma actualiza la ley vigente que data de 1996, porque después de 17 años es imprescindible adaptarla a la realidad social. Los ciudadanos más desfavorecidos podrán acceder a la tutela judicial efectiva. Además, colectivos que hasta ahora no tenían este beneficio podrán acceder a él sin necesidad de acreditar la insuficiencia de medios. La justicia gratuita se financiará con lo recaudado por la ley de tasas recientemente aprobada.
La justicia gratuita, tal y como ha destacado el Tribunal Constitucional (TC), no puede concederse de modo ilimitado porque las disponibilidades presupuestarias son siempre limitadas.
Por ello, el TC declaró la viabilidad de un sistema mixto de financiación de la Administración de Justicia con cargo a los impuestos y a las tasas abonadas por quienes resultan beneficiados por la actuación judicial.
El objetivo de este esfuerzo es que los que más lo necesitan pueden tener acceso a la justicia gratuita y queden exentos del pago de tasas. Se incorporan nuevos recursos para ampliar el número de beneficiarios: por primera vez se tendrán en cuenta las circunstancias familiares.
Se eleva el umbral de renta para poder acceder a la justicia gratuita a 2,5 veces el Indicador de Renta de Efectos Múltiples (15.975 euros al año).
Se amplía a colectivos especialmente vulnerables, con independencia de sus recursos: víctimas de violencia de género, terrorismo o abuso o colectivos beneficiarios de asociaciones sin ánimo de lucro. Un comité de consultas formado por Gobierno y CCAA controlará que se aplique esta reforma de forma homogénea en todo el territorio español.
