La familia no queda conforme con la acusación del Fiscal, ya que siempre ha mantenido que la misma debería extenderse a otros dos médicos más que participaron en la operación.
El Ministerio Público, no obstante, mantiene que existió esa negligencia pero acusa, en su escrito, exclusivamente a uno de los cirujanos plásticos que participó en la operación al que relaciona con un presunto delito de homicidio por imprudencia. En su escrito de calificación, el Fiscal solicita que sea condenado a dos años y medio de cárcel y a pagar una indemnización de 240.000 euros.
El paso judicial ahora conocido supone todo un revulsivo a un asunto que lleva tiempo marcado por el retraso y que está centralizado en el Juzgado de Instrucción número 13 de Málaga, que, tras tomar declaración como imputados a tres médicos, dictó auto de apertura de juicio oral. El fiscal acusa sólo al cirujano plástico que le practicó la intervención mientras que la defensa de los intereses de la familia de Encarna mantiene más imputaciones.
En su escrito de conclusiones provisionales el Ministerio Fiscal indica que la intervención se llevó a cabo por parte del cirujano acusado “sin la previa realización de una ecografía” que hubiera servido para conocer el grosor de la pared abdominal y la presencia de diastasis de rectos (separación de los músculos del abdomen tras los embarazos, lo que crea una zona de debilidad abdominal). Indica el Fiscal que durante la operación, se “manipuló incorrectamente las cánulas de aspiración”, que penetraron en la cavidad abdominal de la mujer originándole perforaciones intestinales. Esto se tradujo en “una peritonitis, arritmia ventricular maligna y un fallo multiorgánico que desembocaron finalmente en el fallecimiento” de la joven, que tuvo lugar cinco meses después en el Hospital Carlos Haya.
La familia, cuyo abogado ha recurrido el auto de apertura de juicio oral, entiende que existen responsabilidades por mala praxis de otros dos facultativos. Un argumento que mantienen porque así se desprende de los informes forenses.
Una operación que terminó en tragedia
Encarna Salazar se había desplazado a Málaga desde Ceuta para someterse a una reducción mamaria y una liposucción abdominal. Entró en el quirófano del Hospital Doctor Pascual el 7 de noviembre de 2007 en donde fue operada. La recuperación debía ser rápida: no más de un par de días, pero todo se truncó. Encarna, de 44 años y madre de dos hijos, terminaría falleciendo cinco meses después, en abril de 2008, en el Hospital Carlos Haya a causa de las complicaciones sufridas. A partir de este hecho la familia comenzó una auténtica lucha, enfrentándose a una justicia que marcha lenta y a una cerrazón médica amparada en un falso corporativismo. Así hasta que el Juzgado de Instrucción número 13 de Málaga centralizó el caso. Por este juzgado han pasado ya dos forenses del Instituto de Medicina Legal de Málaga citados para analizar si existió mala praxis. El cirujano plástico que la operó ya declaró en su día que la mujer sufrió al menos dos perforaciones en el intestino durante la liposucción, pero que el tratamiento al que fue sometida fue en todo momento correcto. Según consta en la denuncia de los Salazar, tras la intervención sufrió fuertes dolores, y pese a que tuvo perforaciones en el intestino, los facultativos denunciados no detectaron una peritonitis que se agravó durante seis días.
Los médicos del hospital extirparon un trozo de intestino y volvió a empeorar su estado de salud, por lo que a los veinte días tuvo que ser intervenida a vida o muerte, ya que la reducción de intestino practicada no dio el resultado que se pretendía. En ese momento se determinó que se debía hacer una extracción completa del intestino y se le dejó sólo 60 centímetros, según la versión de la familia de la fallecida. La familia mantiene que a Encarna se le provocaron unos daños gravísimos, no le detectaron la peritonitis y durante meses no recibió la atención adecuada.
