Lo vivido ayer en Loma Colmenar pone en evidencia la problemática, cada vez mayor, que se está dando con el fenómeno ‘okupa’. Iba a ser la cuarta vivienda ocupada por una familia pero la reacción de las fuerzas de seguridad fue determinante al evitar otro caso evidente de usurpación de vivienda. Lo que pasa en las 317 es la extensión de un problema que ha sido sangrante en barrios como Hadú o en la propia Alfau, zonas que han perdido su esencia hasta el punto de producirse ocupaciones de inmuebles enteros por parte de ciudadanos desconocidos para los vecinos de toda la vida.
Luchar contra este fenómeno es complicado. Lo es en Ceuta y en cualquier otro lugar del país, los medios de que se dispone no se adaptan a una realidad que va a peor hasta el punto de convertir a la víctima en verdugo. Uno debe emplear todos sus medios, también económicos, para terminar echando de su propia casa a quien la ha ocupado sin derecho. Dejemos a un lado la problemática que en materia social existe en Ceuta. Problemática que podía haberse aminorado si el albergue de Hadú se hubiera utilizado para lo que se construyó y si la Administración hubiera hecho sus deberes a tiempo para construir un centro de acogida para MENA digno, sin tener que recurrir a la vía de urgencia para evitar la condena que se le venía encima.
Detrás del drama de familias que no tienen vivienda está la invasión de la libertad del contrario, la ocupación de bienes ajenos, la conversión accidental del otro en una víctima. En medio de este fenómeno funcionan auténticos delincuentes que se encargan de controlar las viviendas vacías para cobrar un dinero y facilitar la entrada de los ‘okupas’. Se llega a sospechar que, sin ser dueños de esas casas, cobran alquileres y amenazan si ese dinero no se les entrega. Ya no solo abordamos un fenómeno social y judicial sino también policial en cuanto que hay organizaciones bien montadas dedicadas a este tipo de explotación como a otras tantas prácticas delictivas.
Poner soluciones a este problema va más allá de la adopción de medios de protección puesto que es el propio sistema el que es incapaz de responder con la celeridad debida a una situación que no hace sino penalizar a quien es propietario de una casa.