Ha transcurrido casi un año desde los vertidos de Cepsa y la Ciudad Autónoma no ha dado aún el paso de iniciar un expediente sancionador.
Así lo denunció ayer la coalición Caballas, que dio a entender que al Gobierno local no tiene intención ni interés en adoptar esa medida contra la empresa. Además rechazó el argumento de que dicho expediente no se pueda incoar porque quedaría suspendido al existir una diligencias por los mismos hechos en el juzgado.
Tal vez ése hubiera sido lo que hubiera sucedido con el procedimiento del Ejecutivo autonómico en el caso de que éste lo hubiese iniciado. Sin embargo, esa hipótesis, más o menos probable, no es argumento suficiente para eximir al Gobierno local de cumplir con su obligación. Además de que puede suponer una irresponsabilidad dado que existe el riesgo que de prescriban los hechos si no se incoa el expediente, demuestra una evidente falta de reflejos por parte del Gobierno autonómico al regalar a la oposición un argumento político con el que cuestionar su actuación ante unos hechos frente a los que debería haber actuado de manera inmediata, sin entrar a valorar si el procedimiento podía quedar o no en suspenso por indicación del juzgado.
Ahora el equipo de Gobierno tiene una posibilidad de rectificar e iniciar el proceso y adelantarse a Caballas, que ya ha anunciado que el próximo 27 de octubre insistirá en el pleno para que la Ciudad adopte esa medida. Por el contrario, si persevera en su postura y finalmente ocurre como auguró ayer Caballas, que los hechos prescriben sin exigir a Cepsa que asuma su presunta responsabilidad, el Ejecutivo autonómico habrá demostrado una preocupante falta de reflejos al reforzar las sospechas de Caballas, que ha denunciado que una supuesta falta de interés por incoar el expediente sancionador, lo que llevará al sobreseimiento de los hechos.
