Tras la catarata de quejas, críticas y reclamaciones, incluida una campaña virtual de recogida de firmas a través de la plataforma Change.org, el DUA por fin es historia... pero solo en Canarias.
En Ceuta y Melilla, por contra, el acrónimo que identifica al Documento Único Administrativo seguirá figurando en primera línea de los obstáculos a los que se enfrenta cualquier consumidor que pretenda recibir un producto, vía Correos, adquirido en un establecimiento con sede en la Península.
El archipiélago, que soportaba los mismos engorros y las mismas protestas que en las dos ciudades norteafricanas, parece haber dado con la tecla. Allí un acuerdo suscrito entre la Agencia Tributaria y la Consejería de Economía, Hacienda y Seguridad, avalado además por la Secretaría de Estado de Comercio del Ministerio de Economía, dio el visto bueno a principios de año para eliminar de un plumazo el trámite. El frente común compartido por todas las administraciones, la autonómica y la central, defendía que la supresión “simplifica los trámites administrativos a los que se ven sometidas las mercancías en los intercambios entre Canarias y la Península, con la finalidad de reducir costes de los operadores y de facilitar el comercio, especialmente en su vertiente electrónica”. Dicho de otra forma, el ya famoso DUA, expedido por Correos previo pago de 14 euros y aplicable de forma obligatoria aún en Ceuta a toda mercancía que rebase el límite de los 22 euros, entorpecía la actividad de las empresas insulares, y más aún en los intercambios on line.
En la práctica, el cambio normativo implica que desde el pasado 1 de abril está en marcha un nuevo sistema mediante el cual los particulares o profesionales considerados personas físicas –quedan excluidas las empresas, personas jurídicas– podrán efectuar el despacho aduanero y fiscal de la mercancía a través de un formulario simplificado disponible en la sede electrónica de la Agencia Tributaria. Así, el comprador de la mercancía evita los costes derivados de su tramitación a través de intermediarios (Correos en el caso de Ceuta). El único requisito es disponer de un certificado o DNI Electrónico que permita identificar a la persona que presenta el DUA. Tan sencillo como eso. La Agencia Tributaria calcula, además, que se van a ahorrar 2,2 millones de documentos anuales adosados al tránsito de mercancías hacia y desde el archipiélago canario, con el consiguiente beneficio y merma de costes y tiempo para compradores y vendedores.
En Ceuta, hasta que la Administración diga lo contrario, persistirá la que se ha convertido en última gran pesadilla burocrática de la ciudad. El documento en cuestión sirve a la Agencia Tributaria para certificar la entrada de mercancía liberada del IVA pero sometida al abono del IPSI, el impuesto que ingresa la Ciudad. Correos lo gestiona desde finales del pasado mes de octubre en calidad de representante aduanero, suplantando su personal el papel que durante décadas ejerció Arbitrios. El que fuera monopolio estatal de comunicaciones se defiende y argumenta que cobra justo lo mismo que las empresas de transportes. La paradoja es que comprar un CD o un libro a través de internet valorado en 23 euros suma otros 14 euros de DUA. Casi tanto por el producto como por un simple documento.
El Pleno de la Asamblea protestó sin éxito
La Ciudad recogió hace meses el guante de las protestas ciudadanas e incluso sometió a votación en el Pleno de la Asamblea instar a Correos a agilizar o dar solución al galimatías burocrático en el que se había transformado la nueva gestión del DUA en sus primeras semanas. La moción recibió un apoyo unánime de todos los partidos con representación en la Cámara. Eso fue el 20 de diciembre, pero hasta hoy los resultados han sido nulos, reduciéndose la petición a papel mojado. Correos mantiene que fue autorizada en su día por la Agencia Tributaria a ejercer funciones de intermediación, que cumple su función acorde a la normativa y que debería ser la Administración la que emprendiera una campaña de información que aclarase en qué consiste el documento. Los ciudadanos, mientras tanto, aguardan soluciones al estilo de la impulsada en Canarias.
