El Defensor del Pueblo Andaluz está ultimando un protocolo de lucha contra la trata y explotación de menores inmigrantes sobre el que se lleva meses trabajando, tras intensas reuniones en las que ha participado el Área de Menores de la Ciudad Autónoma y la propia Fiscalía. Con este protocolo se trata de luchar contra unas prácticas detectadas por la Policía, basadas en el uso de menores inmigrantes que llegan a España en embarcaciones acompañados de madres que no son las biológicas y que los usan a modo de reclamo para evitar su expulsión, convirtiéndolas directamente en colectivos vulnerables.
Con este protocolo se busca saber cómo actuar ante un fenómeno que el Defensor define como “nuevo” y para el que resulta necesario adoptar medidas de control para perseguir a las mafias que lo practican.
Jesús Maeztu, quien tomó el relevo de José Chamizo al frente de la institución andaluza de la que dependen Ceuta y Melilla, ha marcado diciembre como fecha de presentación de este plan de actuaciones. “Establece un itinerario con el que yo creo que terminaremos por controlar bastante bien el nuevo fenómeno de la trata de menores”, ha asegurado en declaraciones recogidas por las agencias. El trabajo conjunto que dará lugar a este protocolo se está realizando en colaboración con el Defensor del Pueblo Español, Instituciones Penitenciarias, Fiscalía General del Estado y ONG como Cruz Roja.
Maeztu ha señalado que se trata de un fenómeno nuevo, con “nuevos circuitos”, que se ceban especialmente con menores que proceden del Sáhara Occidental y entran a España por las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. “Hablamos de pederastia o de tráfico de órganos”, ha precisado.
En esta línea, ha resaltado que el trabajo del Defensor en esta materia se está centrando, asimismo, en el análisis de las condiciones de los centros de reforma, de los centros de acogida y el revisar la protección jurídica de los menores en el seno de la estructura familiar.
“Para esta casa el menor es transversal porque sufre en una situación de familia desestructurada, cuando un progenitor está en prisión, cuando hay problemas de salud o son extranjeros y entran en centros de detención cautelar”, valoró.
