La institución llama la atención las continuas prórrogas del carácter temporal de estas plazas en Ceuta y cuestiona que no se cubran de forma permanente, situación ya denunciada por sindicatos, como el CEP.
Uno de los últimos pronunciamientos del Defensor del Pueblo está relacionado con las comisiones de servicio que se utilizan en la plantilla de las Jefaturas de Policías en Ceuta, Galicia y Asturias. En la resolución a la que ha tenido acceso El Faro, la institución dirigida por Soledad Becerril reconoce que la Administración tiene la potestad de autoorganizarse si bien las comisiones de servicio, recuerda, tiene un carácter “excepcional y provisional”. También pide explicaciones al Ministerio del Interior y a la Dirección General de la Policía de los motivos por los que se cubren plazas con comisiones de servicio y no se realizan convocatorias para cubrirlas de una manera permanente “a través de concurso ordinario de méritos”.
El Defensor del Pueblo llama la atención sobre la situación de alguna de esas plazas que se vienen cubriendo en comisión de servicio desde 2007, prórroga tras prórroga. Una práctica que la institución ha detectado en las plantillas policiales de Ceuta, Galicia y Asturias.
Cabe recordar que esta continua prórroga de comisiones de servicio en plazas que podrían cubrirse de manera permanente es una de las denuncias que han venido haciendo sindicatos policiales como el CEP en Ceuta.
Pues bien, soledad Becerril reconoce en su resolución que la Administración tiene una potestad de autoorganización para satisfacer las necesidades del servicio, pero “esa potestad organizadora debe someterse a ciertos límites, sin que se puedan llevar a cabo actuaciones que produzcan, con respecto a otros funcionarios policiales interesados en la cobertura de dichos puestos, desigualdad o discriminación al no ser ofertadas determinadas vacantes que continúan cubiertas durante años en comisión de servicios”.
Explicaciones a Interior
También recuerda al Ministerio del Interior que “la Administración tiene que acreditar y motivar, en todo caso, que ha valorado la conveniencia de no sacar a concurso todas las plazas vacantes, incluidas las que están ocupadas en comisión de servicio y en qué forma ese modo de proceder viene a satisfacer un interés público”.
Por último, el Defensor del Pueblo considera que debe protegerse el derecho a la movilidad de los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía, pues éstos pueden estar interesados en ciertas plazas, ahora ocupadas en comisión de servicio, y querer optar a ellas a través de una convocatoria de concurso de méritos. Pero lamenta que tal vez la provisión de esas plazas esté siendo limitada de manera “discrecional” por parte de Interior o la Dirección General de la Policía sin justificar y motivar tal postura y negando a los agentes interesados su derecho a la movilidad.
Es por ello que Becerril reclama a ambos órganos gubernamentales explicaciones de esta situación.
