El Defensor del Pueblo ha comunicado oficialmente al sindicato CSI-F que “ha iniciado el estudio del asunto” que le hicieron llegar en referencia con el pésimo estado de las instalaciones judiciales de la ciudad. Tras denunciar las incidencias que habían encontrado durante su visita por los juzgados, CSI-F dio parte a la Inspección de Trabajo, desde donde corroboraron algunas de las situaciones descritas y adoptaron las medidas oportunas, que en dos casos llegó a consistir en el cierre de las dependencias en las que desarrollaban su labor algunos funcionarios de Justicia. El sindicato denunciaba que había algunos problemas en las infraestructuras y solicitaba el cierre de los juzgados a la vez que recordaba la necesidad de construir una ciudad de la Justicia. Ahora, la intervención del Defensor del Pueblo hará que la situación esté más vigilada y controlada.
