El coste del “Estado del Bienestar”

La redistribución de la renta que opera en el Estado de Bienestar sólo es efectiva si se trata de una redistribución real y no nominal, es decir, si se obtiene de la sociedad, como ingresos públicos, unos recursos reales que luego se transfieren como gastos públicos, para atender las necesidades  o contingencias que se desea proteger. Si se pretende transferir lo que no se ha obtenido, existe un desequilibrio entre ingresos y gastos públicos y se genera una falsa ilusión redistributiva que acaba frustrando los objetivos de la misma”…”El déficit público y la inflación, que son fenómenos estrechamente vinculados entre sí, constituyen la verdadera amenaza para el Estado del Bienestar; y no sólo porque distorsionan el propio mecanismo redistributivo en el que ésta se basa sino también reducen el potencial de crecimiento de la economía, minando las bases mismas de cualquier redistribución efectiva”.
He decidido iniciar este trabajo con unas palabras pronunciadas en San Lorenzo del Escorial, el día 1 de julio de 1996, por el entonces gobernador del Banco de España,  Profesor Luis Ángel Rojo Duque, a mi juicio, el más relevante economista español.  

El Estado de Bienestar
El “Estado de Bienestar” o “Estado Providencial” es un concepto de las ciencias política y económica. Con él se quiere designar una política o modelo general de Estado y de su organización social, en virtud del cual el Estado provee ciertos servicios o garantías a sus habitantes.
El origen más inmediato data de 1945, cuando se acuña a partir de una expresión original de William Temple, arzobispo de Canterbury, en la que contraponía la política keynesiana de la posguerra “The Wellfare State” a la anterior de la amenaza nazi “The War State”.
Karl Popper afirmaba que “… nuestro mundo libre ha casi, si no completamente, eliminado los grandes males que con anterioridad han asediado la vida social de los hombres… en males que pueden ser resueltos o remediados por la cooperación social” (Conferencia “La responsabilidad de vivir”, pronunciada en Bad Homburg en 1991).
Los males a que se refiere Popper los enumera en el siguiente orden:
La pobreza; Desempleo y formas similares de inseguridad social; Enfermedad y dolor; Crueldad penal; Esclavitud y otras formas de servidumbre; Discriminación racial y religiosa; Faltas de oportunidades educacionales; Diferencias rígidas de clase y La Guerra.
En Europa existen cuatro modelos que están relacionados en orden consistente, en función de criterios diversos: eficacia, eficiencia, antigüedad, riqueza relativa, etc.
-Modelo nórdico: Dinamarca, Noruega, Islandia, Finlandia, Suecia y Holanda.
-Modelo continental: Austria, Bélgica, Francia, Alemania y Luxemburgo.
-Modelo anglosajón: Gran Bretaña e Irlanda.
-Modelo mediterráneo: Portugal, Italia, Gracia y España.
Dicho lo que antecede, vamos a  realizar unas reflexiones en las que necesariamente debemos adoptar una amplia perspectiva temporal, desde la trayectoria pasada a su panorama hacia el futuro. Es conveniente tener presente que la implantación del “Estado del Bienestar” fue diferente, según  los países, desde la década de los cincuenta a la de los ochenta y siempre en función del desarrollo de ellos
En España y en los países de desarrollo más tardío (Modelo mediterráneo) su implantación se produjo además de con retraso, en momentos de inestabilidad macroeconómica. La combinación del aumento acelerado de los gastos sociales con una base económica más débil propició unos problemas específicos y originó otros que son comunes al resto de los países europeos.
En general estos programas en los países que prosperaban con ritmos de crecimientos altos y estables, su coherencia se sustentaba entre la solidez económica y la estabilidad financiera. Cuando esa coherencia se reducía en momentos de prosperidad no se le dio gran importancia toda vez que las instituciones que se creaban con fines redistributivos no eran evidentes, pero cuando se produjo intranquilidad social que condujo a elevadas subidas salariales, rigideces en los mercados laborales y revisiones al alza de los gastos sociales, aparece una fuerte inflación  tras la primera crisis generada por la subida de los precios de  los carburantes y otras materias primas y consiguientemente una caída generalizada de las diferentes rentas nacionales, en términos reales.
Ante la nueva situación se planteaba un dilema político: ajustar a la baja los salarios reales o mantenerlos e incluso mantener el nivel real aceptando una productividad “aparente” a costa de destruir  empleo. La inflación se agravó.
Los supuestos optimistas sobre el crecimiento del producto nacional potencial, así como de los ingresos públicos asociados se vieron defraudados y los proyectos de expansión del “Estado del Bienestar” preconcebidos no pudieron financiarse. Solución política: Aumentar sucesivamente el déficit público.
El “Estado del Bien Estar” fue diseñado para un contexto que era rígido pero no cambiante”  (A.Rojo)
Un respeto a esta experiencia hubiera sido muy importante cuando aparecieron las primeras convulsiones que comenzaba a desestabilizar la economía española en los primeros años del siglo actual. Pero para ello hubiera sido necesario prever que se iniciaba una nueva época en la que la ampliación e internalización de los mercados de bienes reales y financieros era una realidad, que los avances tecnológicos, la globalización, el incremento de la competencia, sofisticación de los mercados financieros y un largo etcétera obligaba a arbitrar políticas estabilizadoras y que de no hacerlo oportunamente se pondría en cuestión la posibilidad de mantener  intactos, más temprano que tarde, los beneficios sociales comprometidos en nuestro “Estado del Bienestar”.
Parece que al fin, aunque con bastante retraso, se inicia un ordenado plan de política económica que partiendo de la realidad actual es consciente de la presión creciente de las fuerzas de la competencia, del requerimiento de un cambio profundo del mercado de trabajo como resultado de la tensión competitiva y los avances de la tecnología, de la flexibilidad adecuada para reducir rigideces y siempre sin decaer en el mantenimiento de la estabilidad macroeconómica. Lo que antecede obliga a la revisión del marco institucional y su reforma. Es inadmisible vivir en una sociedad escindida entre parados y empleados.
Al llegar aquí  podrán comprender mejor la razón por la que aludía al profesor Rojo al inicio de estas líneas, quien ya apuntaba en 1996  los problemas que podría acarrear la financiación del “Estado del Bienestar” en el futuro. Con otra frase suya termino:
“Nadie quiere desmantelar el “Estado del Bienestar” pero la solución de ello ha de tener costes políticos inevitables. Hay márgenes amplios para reducir las intervenciones y revisar el sistema de la Seguridad Social de modo que la protección social no implique costes excesivos y que no generen desincentivos a la demanda de trabajo, búsqueda de trabajo y crecimiento económico” .