EFE
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado la puesta en marcha de un Plan de Integración y Ciudadanía dotado con 505 millones de euros que se desarrollará durante el próximo año con el objetivo de facilitar la integración de las personas inmigrantes en España, situación que afecta directamente a Ceuta.
La iniciativa contempla 16 medidas repartidas en cuatro grandes ejes de actuación y estará acompañada por la creación de una Agencia Estatal de Movilidad Humana, que buscará mejorar la coordinación y la gestión de las políticas relacionadas con la inmigración.
El anuncio se ha producido durante la presentación del plan y de la campaña institucional '¿De dónde vienen? Vienen de hacer país', un acto en el que también participaron representantes de organizaciones empresariales, sindicatos y personas que han pasado por procesos de regularización.
Durante su intervención, Pedro Sánchez ha defendido la regularización extraordinaria impulsada por el Ejecutivo y ha destacado que el proceso ha superado el millón de solicitudes justo el día en que finalizaba el plazo para presentar la documentación.
Para el presidente del Gobierno, esta cifra demuestra que "era una medida necesaria", al considerar que "no hay integración posible sin regularidad". En este sentido, sostuvo que "la exclusión no protege a nadie", ya que, según explicó, no concede prioridad a ninguna persona y termina haciendo más vulnerable a quien llega y también más difícil la integración en la sociedad de acogida.
La regularización permitirá que miles de personas puedan acceder a permisos de residencia y trabajo, aunque durante las últimas semanas diferentes organizaciones sociales han advertido de las dificultades administrativas y consulares que han encontrado numerosos solicitantes para completar el proceso.
Las organizaciones que han colaborado en la tramitación de expedientes también habían mostrado su preocupación por el plazo habilitado para acogerse a la regularización extraordinaria.
Estas entidades consideraban que el tiempo disponible resultaba insuficiente y llegaron a impulsar una proposición no de ley en el Congreso para solicitar una ampliación del plazo. Sin embargo, la iniciativa no salió adelante y el proceso concluyó este martes.
Durante el acto, Sánchez ilustró la importancia de este tipo de medidas con el caso de Diana, una ciudadana peruana que permaneció durante tres años en España sin documentación, separada de sus hijos y trabajando como empleada interna sin contrato laboral ni derechos. Según explicó, su situación cambió tras la regularización aprobada en 2005 durante el Gobierno presidido por José Luis Rodríguez Zapatero.
El presidente defendió que reconocer derechos a personas que ya viven y trabajan en España favorece su integración y su participación en la sociedad.
El Plan de Integración y Ciudadanía estará estructurado en cuatro grandes bloques y contará con una inversión total de 505 millones de euros.
Uno de los ejes principales será la propia regularización extraordinaria, junto con el desarrollo de una Estrategia de Movilidad Laboral, diseñada para crear vías legales y seguras de acceso al mercado laboral para personas inmigrantes.
Además, el Gobierno pondrá en funcionamiento una Agencia Estatal de Movilidad Humana, cuyo objetivo será coordinar de forma más eficiente las políticas relacionadas con la inmigración, al considerar que hasta ahora los recursos permanecían dispersos entre distintos organismos.
El segundo eje del plan estará centrado en el acceso al empleo y la formación.
Para ello, el Ejecutivo prevé destinar 185 millones de euros con el fin de facilitar la incorporación laboral en sectores con alta demanda de trabajadores y ofrecer más de 100.000 plazas de Formación Profesional adaptadas a las necesidades del mercado.
Según explicó el presidente, esta línea busca favorecer la incorporación de personas inmigrantes a actividades económicas donde existe escasez de mano de obra.
El tercer bloque del plan estará dedicado a la convivencia y dispondrá de casi 30 millones de euros para desarrollar programas relacionados con el aprendizaje de las lenguas cooficiales y la prevención de los discursos de odio.
Por último, el cuarto eje concentrará más de 260 millones de euros, destinados al fortalecimiento de los servicios públicos y a impulsar medidas orientadas a garantizar la igualdad de oportunidades para las personas inmigrantes.
Con este conjunto de actuaciones, el Gobierno pretende desarrollar durante el próximo año una estrategia integral de integración que combine medidas relacionadas con la regularización administrativa, el acceso al empleo, la formación, la convivencia y el refuerzo de los servicios públicos.
La presentación del plan coincide con el cierre del proceso extraordinario de regularización impulsado por el Ejecutivo, un mecanismo que, según destacó el presidente del Gobierno, ha despertado un elevado interés al superar el millón de solicitudes registradas.
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