La Comisión de Interior del Congreso de los Diputados ha dado luz verde por unanimidad a una proposición no de ley que reclama al Gobierno el desarrollo del Reglamento de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) para garantizar su correcto funcionamiento y mejorar las condiciones de los internos, que la Ley de Extranjería de 2009 imponía elaborar y sancionar en un plazo no superior a seis meses y que, sin embargo, aún no se ha llevado a término.
En concreto, a instancias de CiU se ha pactado un texto con PP y PSOE que posteriormente ha sido respaldado por todos los grupos parlamentarios, en el que se insiste además en la necesidad de distinguir las funciones de los trabajadores de los centros de internamiento.
Así, quiere que el Ejecutivo especifique que el Cuerpo Nacional de Policía se encargará de cuestiones únicamente relativas a la seguridad, mientras que la atención de internos será acometida por otro personal especializado, un aspecto que ya anunció el ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, durante su primera comparecencia parlamentaria en el cargo, hace menos de un mes, en línea con las recomendaciones de la Defensora del Pueblo.
Otra de las medidas que formula la iniciativa es incluir en el reglamento las recomendaciones planteadas por esta institución, como la necesidad de que exista un adecuado control judicial sobre los ingresos autorizados, a fin de garantizar la tutela judicial efectiva de los internos.
En este sentido, el responsable de Inmigración de CiU, Antonio Picó, ha explicado que seguirá defendiendo la creación de Juzgados específicos de control en cada uno de los Centros de Internamiento de Extranjeros para garantizar una tutela judicial efectiva, pero tramitará la petición ante la Comisión de Justicia.
CiU considera que tras las "graves incidencias" y denuncias que han venido produciéndose sobre el funcionamiento de los CIE, hay que reforzar la tutela judicial de estas instalaciones policiales. "Queremos que se cumpla la Ley para que subsane esta situación que padecen los internos de estos Centros", afirma el diputado nacionalista.
Desde el PP, Francisco Márquez, ha subrayado que una nueva reglamentación de los CIE es “muy necesaria”, dado que hay un mandato legal reiterado y un “incumplimiento” del anterior Gobierno que este Ejecutivo 'popular' va a corregir.
Ricardo Sixto, de Izquierda Plural, entiende que la iniciativa se "queda corta" con sólo instar al Gobierno a un reglamento específico. De hecho, cree que hay que investigar las últimas muertes registradas en los CIE, y no sólo eso, sino que hay que sustituirlos por otro tipo de internamientos sin carácter penitenciario.
Por su parte, desde Amaiur, Iker Urbina ha destacado que el desarrollo de este reglamento no deja claro que todas las personas sean iguales ante la ley, un aspecto que, a su juicio, deben garantizar las administraciones públicas.
