Mantiene la postura de rechazo hacia el pago en ciertos litigios y sopesa la posibilidad de unirse a más protestas "Es una cuestión de principios y de lógica", afirma la decana del Colegio de Abogados de Ceuta, Isabel Valriberas, "porque pese a que se haya aprobado y se haya llegado a un acuerdo de unificación de criterios, muy necesaria debido a los vacíos de la propia Ley, la inclusión de las tasas judiciales me sigue pareciendo injusta", explica.
Por tal motivo, el Colegio de Abogados de Ceuta mantiene abierta la vía "para que el ciudadano que así lo estime oportuno, proteste contra la tasas".
Para ello, el procedimiento que se sigue es idéntico al que llevan a cabo en el resto de provincias del país, un método que garantiza al firmante el secreto. Así, el ciudadano deberá rellenar una breve hoja, firmarla con nombre y apellidos y especificar el número del carné de identidad para posteriormente, mediante una carta, elevarse la queja al Ministerio de Justicia, tras un paso por la sede del Consejo General de la Abogacía, organismo encargado de tramitar este procedimiento.
En este sentido, la decana de los abogados explica que "ya se han enviado un buen número de firmas desde Ceuta y se prevé que se puedan mandar más porque seguimos a disposición de la ciudadanía".
Por último, Valriberas, indica que "con las tasas funcionando, seguimos atentos a los pasos que adopten las asociaciones judiciales en ámbito nacional para sumarnos nuevamente a las iniciativas", explica la decana en referencia al hecho de que las asociaciones de jueces tienen previsto fijar en la próxima reunión de la Comisión Interasociativa, que se celebrará en los próximos días y de la que también forman parte las asociaciones de fiscales y organismos de abogados, la hoja de ruta de las acciones a llevar a cabo para seguir mostrando su rechazo a la gestión del ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón.
La UE vigilará que no se cometan abusos en el funcionamiento de las tasas
La comisaria europea de Justicia y Derechos Fundamentales, Viviane Reding, señaló ayer que un "recargo excesivo" de las tasas judiciales en España puede constituir una "restricción" que vulnere el derecho fundamental de acceso a la Justicia de los ciudadanos.
Reding, respondió así a una pregunta remitida por la eurodiputada socialista española María Irigoyen, para determinar si la ley de tasas judiciales, que entró en vigor el pasado 20 de noviembre, respeta el artículo 47 de la Carta de Derechos Fundamentales.
En su respuesta, la comisaria europea recalcó que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos dictaminó que la exigencia del pago de honorarios a los tribunales civiles "no constituye per se una violación del derecho fundamental de acceso a la justicia". Sin embargo, Reding precisó que la esencia misma del derecho fundamental de la persona a ser oída por un tribunal puede verse restringida por un recargo excesivo en el sistema de tasas judiciales. "El carácter excesivo de una tasa", concluyó, "debe evaluarse a la luz de todos los elementos pertinentes de la legislación que establece una tasa, incluyendo la posibilidad de que se apliquen exenciones".
