El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) ha planteado al ministerio de Justicia una serie de propuestas de mejora y protección de los derechos de las personas con discapacidad para su incorporación a la reforma del Código Penal que prepara el Gobierno. La plataforma representativa de la discapacidad ha propuesto al Ministerio de Justicia que reconsidere la regulación de las medidas de seguridad aplicables a las personas inimputables por razón de discapacidad para que en ningún caso su situación comporte un trato más gravoso respecto de aquellas personas sin discapacidad que cometen hechos delictivos.
Sin peligrosidad
Asimismo, el CERMI ha pedido que en ningún caso se asocie el concepto de peligrosidad, a propósito de la fijación de las medidas de seguridad, con el de personas con determinadas discapacidades, ya que no existe ninguna relación entre ambos elementos, y por tanto no puede haber vinculación legal.
El CERMI ha trasladado al Ministerio la necesidad de que la modificación del Código Penal en curso sirva para asumir la visión de derechos humanos a que obliga la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
