El CERMI en Ceuta seguirá luchando por todo el colectivo de discapacitados que representa frente a la nueva reforma sanitaria en la que un decreto afecta directamente a los discapacitados físicos que necesitan las prótesis externas como sillas de ruedas, piernas ortopédicas, o corsés, por las que se establece un copago igual que el de los fármacos. Saben que afecta “a toda la población y que perjudica a todas las personas que necesitan este tipo de utensilios y que la repercusión es general, no solamente para las personas discapacitadas”, explica la vicepresidenta local de la entidad, Virginia Viñuales. Aún así, por la parte que les toca, seguirán luchando “porque creemos que puede haber recortes de otras áreas y no de la que afecta directamente al plano sociosanitario”.
Desde mediados de los noventa existe un catálogo nacional que define el precio de estos aparatos y el periodo de renovación amparado por la sanidad pública. La fecha es el primer problema: solo ocho comunidades han avanzado en alguna medida en la renovación de ese catálogo incorporando productos y solo tres, Andalucía, Cataluña y Galicia financian al 100% lo que cuesta cada cosa. Ya se sabe, que rentas no muy altas, por encima de 1.600 euros mensuales, tendrán que hacer frente a la mitad del producto que compren. Y las inferiores a 22.000 euros anuales el 40%; los pensionistas un 10%.
Por otra parte y siguiendo con el tema de los recortes, el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) denunció hace apenas unas semanas ante la opinión pública el riesgo de colapso del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) si continúan los recortes presupuestarios, otro de los temas que más preocupan al colectivo que ha exigido al Gobierno que promueva un Pacto de Estado que salve el Sistema y la Ley.