El objetivo que se han marcado el Gobierno central y el gobierno autonómico es que Ceuta pueda contar con el blindaje legal de todos los convenios y transferencias que tiene con la Administración General del Estado antes de finalizar la presente legislatura.
Precisamente, en la reunión que mantuvieron en la jornada de ayer el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro con el presidente de la Ciudad Autónoma, Juan Vivas, se volvió a poner encima de la mesa esta petición que le hacía el gobierno autonómico, la cual, desde luego, no es nueva.
No es la primera vez que el presidente Vivas solicita este blindaje legal a un alto cargo del departamento ministerial. En cada ocasión que ha tenido la oportunidad de analizar con los mismos toda la situación económico financiera de la institución siempre lo ha abordado, porque se considera una especie de salvaguarda ante futuros avatares y futuros ejecutivos que no tengan la misma sensibilidad hacia Ceuta que la que mantiene el Gobierno del Partido Popular.
En primer lugar, debemos explicar cuales son los convenios y transferencias que de alguna manera por parte de la Administración autonómica se quieren blindar para que estén salvaguardados ante cualquier posible sorprenda.
En ese listado, de entrada, se contemplaría por ejemplo los cuatro millones que se reciben para la producción de agua desalada, los dos millones que tras ser transferidos con posterioridad se entregan a todas las asociaciones que componen el CERMI o la parte que el Estado deposita dentro del convenio MEC-Ciudad.
Avance
Sería un avance, pero, desde luego, en ese cajón de sastre se pueden llegar a incluir otras partidas, como por ejemplo, las destinadas a los Planes de Empleo.
Lo cierto es que la receptividad por parte del Ministerio de Hacienda es completa y en la jornada del lunes nuevamente el presidente Vivas se vio en la obligación de razonar nuevamente ante Montoro cuales son las razones que le han llevado a realizar esta petición y es el miedo a que nos encontremos con otros gobierno como el de Rodríguez Zapatero y que al final de esa legislatura, cuando sabían ya que se marchaban y que perdían las elecciones, eliminaron los cuatro millones de la producción de agua, los dos millones del CERMI o no ratificaron el convenio para la aportación estatal del convenio MEC-Ciudad. Mientras que no se negoció con el actual ejecutivo de Rajoy, lo único que pudo hacer la Ciudad Autónoma para que no fueran los ceutíes quienes padecieran esta desconsideración del PSOE fue el aportar el dinero durante el tiempo que fue necesario.
¿Cómo se realizaría ese blindaje especial? Pues sería un sistema parecido al que se utilizó en su día para la propuesta del incremento de las bonificaciones de la Seguridad Social de un cuarenta a un cincuenta por ciento y que contó con el apoyo del Partido Popular y del PSOE. Entonces como se quería aprobar antes de finalizar la anterior legislatura, se buscó una ley que todavía debía aprobarse en las Cortes y se introdujo ahí el tema de la bonificación de la Seguridad Social.
Es decir, se utilizarían una de las más de treinta leyes que el Gobierno todavía espera aprobar a lo largo de los próximos meses, antes de que por parte del presidente del Gobierno se decida la disolución de las Cortes Generales y convocatoria de elecciones generales. Una circunstancia que no se espera antes de mediados o finales del próximo mes de octubre ya que lo que si parece cierto es que los comicios serán en diciembre, una vez que por parte del mismo Rajoy se ha dado orden al ministro Montoro de que presente los Presupuestos Generales del Estado antes de finales del presente mes de agosto en las Cortes Generales para que se inicie su tramitación a lo largo de los meses de agosto y septiembre.
Se buscaría dentro de esas más de treinta y cinco leyes que están aún pendientes de aprobarse alguna que tuviera un marcado sentido fiscal y económico y entonces se introduciría este blindaje legal para todos los apartados que ha solicitado el Gobierno autonómico.
