El administrador de unos terrenos se enfrenta a cinco años de prisión

Dentro de un juicio que quedó aplazado para abril, la Fiscalía cree que incurrió en un delito de apropiación indebida

Pese a que en el primer turno de comparecencia tanto Ministerio Fiscal como Defensa y Acusación Particular coincidieron en solicitar al Tribunal la suspensión del primero de los dos juicios programados para la mañana de ayer en la sala de la Sección VI de la Audiencia Provincial de Cádiz en Ceuta, finalmente, y a través del magistrado juez, el juicio se celebró, aunque no en su totalidad debido a que se reanudará en una próxima vista con la declaración de un testigo que todas las partes creen fundamental para esclarecer el caso, una testifical de suma trascendencia.
De modo que hasta que llegue tal jornada, a las 10 y media del 10 de abril, el juicio contra un hombre, cuyas iniciales responden a las letras R.D.A.I., acusado de incurrir en un delito de apropiación indebida y falsedad en documento público, cierra una primera parte con la petición elevada por el Ministerio Fiscal hacia el hombre de una condena de cinco años de prisión y del pago de una indemnización en una elevada cantidad económica a estimar, petición a la que se suma la Acusación Particular –que eleva la indemnización a 1.300.000 euros– pero que es rechazada por la Defensa, parte que considera que su cliente actuó “de buena fe, sin ocultar pruebas y dentro de los términos que se habían estimado en un acuerdo entre socios”.
Los hechos que se enjuician no son actuales sino que es preciso remontarse al año 1997, en concreto al 29 de abril cuando el acusado fue nombrado por dos socios más el administrador de una sociedad que tenía como bienes  unos terrenos urbanizables sitos en la zona del cámping de Ceuta, en la zona del Pantano, también llamada Arroyo del Infierno.
A los pocos meses, en septiembre del mismo año, el administrador y acusado, que además era el que contaba con el mayor porcentaje de tierras en su propiedad dentro de la sociedad con el 51 por ciento, vendió los terrenos a una empresa ceutí.
En tal punto, el juicio se encauzó en dos vertientes claramente diferenciadas, la concerniente al acusado, que en su declaración defendió la gestión que hizo, a la que calificó como “limpia y siempre dentro del acuerdo firmado en una asamblea”; y la relativa los testigos aportados por la Acusación Particular, el resto de socios, quienes mantuvieron que R.D.A.I.  actuó a ocultas, de manera ilegal, no respetando lo acordado y quedándose con el dinero obtenido de la venta de los terrenos, una cantidad que suponía 170 millones de pesetas.
En este sentido, tanto Acusación Particular como el Ministerio Fiscal hicieron hincapié en sus distintas intervenciones en el hecho de que el acusado no había aportado ni adjuntado documento alguno en el que quedara por escrito que el resto de socios estuvieran enterados y conformes con los pasos que iba dando el admnistrador.
Así, el administrador presuntamente iba cobrando diferentes pagos en distintos meses a nombre de la sociedad al tiempo que la deuda de la misma iba incrementando, llegando incluso a ser de 51 millones de pesetas en 1999, dos años después de la venta de los terrenos: “Había que pagar sueldos, maquinarias, el honorario a abogados y procuradores, así se iba el dinero”, se excusaba el acusado ayer durante su intervención ante el Jurado quien además añadió que “en caso de haber beneficios hubiera repartido el dinero de inmediato, tal y como explicaba en cada asamblea”.
No obstante, en las declaraciones del resto de socios, el punto de vista era radicalmente opuesto ya que dijeron que “desde el 1 de septiembre no hubo reunión alguna porque el imputado no estaba en Ceuta y por tanto no daba informes ninguno”.
Por tal motivo, las presuntas víctimas indicaron que “claro que reclamamos lo que nos pertenece por la venta de algo que era nuestro”, tajante afirmación que será el magistrado juez titular de la Sección VI de la Audiencia Provincial de Cádiz en Ceuta de determinar si es verídica o falsa, mediante una sentencia condenatoria o absolutoria.

Piden cárcel para una joven francesa detenida con 11 kilos de hachís

Detenida en el Puerto en 2011, podría ir 3 años y 4 meses a prisión y pagar 53.196 eruos

Visto para sentencia un juicio celebrado ayer en la Sala de lo Penal número 1 en el que se trataba de dirimir si una mujer de nacionalidad francesa incurrió el 18 de noviembre de 2011 en un delito contra la salud pública como así entiende el Ministerio Fiscal o, por el contrario y tal y como defendió en su intervención la letrada de la Defensa, D.L.T. no cometió delito –ni siquiera falta– al ser detenida con once kilos de hachís.
Tal detención se produjo en la Estación Marítima de Ceuta a cargo de la Guardia Civil. La mujer regresaba de unas vacaciones en Rabat, periplo de descanso que había pasado con un hombre que, según defendió, fue el causante de colocar, sin que ella lo supiera, la cantidad de droga reseñada con la intención de transportarla hacia Algeciras para venta a terceros.
El Ministerio Fiscal solicta para la mujer una pena de cárcel de 3 años y 4 meses y una multa de 53.196 euros.

Acusado de blanquear dinero no acude a un juicio que se suspendió

El Fiscal le pide 6 años de cárcel. Cree que pertenecía a una banda que metía hachís

Un juicio que debía celebrarse en la Sección VI de la Audiencia Provincial de Cádiz en Ceuta quedó finalmente suspendido al no comparecer a la vista oral el propio acusado, A.C.C., un hombre acusado de cometer un delito de delito de blanqueo de capitales de los artículos 301.1 y 302 del Código Penal Español.
Hay que esperar por tanto para saber si el hombre actuó al margen de la ley después de que, a pesar de que entre los años 2000 y 2001 y sin tener ingresos económicos suficientes, adquiriera una embarcación y dos motores fueraborda con un valor total de 31.372,83 euros , razón por la cual el Fiscal estima que presuntamente actuó utilizando dinero procedente de una organización criminal de la que formaba parte y que estaba dirigida a introducir en España por mar cantidades considerables de hachís.  El Ministerio Fiscal le solicita una pena de seis años de prisión y una multa de 94.118,49 euros.