Un joven de Ceuta de 20 años ha quedado en libertad a la espera de juicio y deberá sentarse en el banquillo de los acusados por unos hechos que la Fiscalía califica, según su escrito de acusación, como un delito de atentado contra la autoridad y otro de amenazas.
El procedimiento se encuentra pendiente de la celebración del juicio en el Juzgado de lo Penal.
El acusado no reconoció los hechos durante la fase de instrucción, por lo que será ahora en la vista oral cuando se determine su responsabilidad penal. El juicio se celebrará en los próximos meses, una vez que el procedimiento avance hasta el señalamiento de la vista.
El relato de hechos recogido por el Ministerio Fiscal, al que ha tenido acceso este periódico, sitúa el incidente sobre las 10:00 horas del pasado sábado, en las inmediaciones del número 90 de la calle Real. Según la acusación, el joven se encontraba en ese momento con su vehículo mal estacionado, obstaculizando el tráfico rodado.
Siempre según el escrito de la Fiscalía, en ese punto se encontraban efectivos militares desarrollando labores de control y mantenimiento de la seguridad ciudadana ante la presencia de numerosos inmigrantes y vecinos de la zona. Los militares habrían requerido al acusado para que estacionara correctamente el vehículo y abandonara el lugar.
La Fiscalía sostiene que el joven hizo caso omiso de las órdenes que, según su versión, fueron legítimas y reiteradas, permaneciendo en el lugar y dificultando la actuación de los efectivos. El escrito de acusación atribuye al joven un supuesto ánimo de infringir el principio de autoridad.
El relato fiscal señala que, en ese momento, el acusado habría sacado un cuchillo de grandes dimensiones y lo habría dirigido hacia los actuantes con la intención de provocarles temor. Según recoge literalmente el escrito de acusación, el joven les habría manifestado: “Porque vosotros sin uniforme no sois nada, cuando os pille sin uniforme os vais a enterar”.
A partir de estos hechos, el Ministerio Fiscal considera que la conducta del acusado es constitutiva de un delito de atentado y otro de amenazas, según consta en el escrito al que ha tenido acceso este periódico.
Por el presunto delito de atentado, la Fiscalía solicita una pena de cuatro años de prisión, mientras que por el delito de amenazas reclama otros dos años de cárcel. La petición fiscal asciende, por tanto, a seis años de prisión.
No obstante, se trata de una petición de condena y no de una sentencia. El joven permanece en libertad y será el Juzgado de lo Penal, tras la celebración del juicio y la valoración de las pruebas y testimonios de las partes, quien determine si existe responsabilidad penal por los hechos que se le atribuyen.
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