El pirateo al volante se ha convertido en uno de esos recursos de los que echan mano algunos individuos con la finalidad de obtener un dinero fácil, aunque sea a costa de ejercer una competencia desleal al sector del taxi.
Solo hace falta disponer de un vehículo para, mediante la práctica de varias carreras, ganarse un dinero, aunque incluso el servicio ofrecido termine cobrándose más caro al cliente. Interceptar a uno de estos ‘taxistas piratas’ requiere de una investigación continuada y, sobre todo, de la necesaria comprobación de que el conductor ha cobrado por el traslado que estaba llevando a cabo. Para eso, además de efectuar un seguimiento policial de todos los pasos llevados a cabo hace falta contar con el reconocimiento del pasajero de haber abonado un dinero por disponer de un servicio público, aunque éste sea ilegal.
En lo que va de año, el Grupo Operativo Administrativo de la Policía Local (GOA) ha tramitado 25 denuncias a ‘taxistas piratas’ que se han traducido en el ingreso de casi 40.000 euros en concepto de sanción. Para conseguirlo se ha tenido que hacer un seguimiento continuado a las personas que, sentadas al volante, estaban dedicándose a estas prácticas, diferenciando a quien puede hacer un trayecto aleatorio por amistad de quien vive de este negocio.
“Es necesario hacer una vigilancia y comprobación de varios días”, apunta el subinspector jefe del grupo, Manuel Meléndez, para demostrar que existe una infracción de la Ordenanza Reguladora de Transporte de Viajeros en Vehículos Ligeros.
El 80% de las personas que han sido denunciadas trabajando de ‘taxistas piratas’ era de procedencia marroquí. A ellas se les intervino el vehículo, viéndose obligados a pagar 1.500 euros (en el caso de ser la primera vez sancionados) o hasta 3.000, si son sorprendidos en segunda ocasión. A esta sanción, de carácter administrativo, se suma el servicio de grúa por el traslado del coche hasta Benzú.
¿Qué suele pasar con estos individuos, repiten o la sanción sirve de freno? En la mayoría de los casos no vuelven a repetir, pero hay excepciones: auténticos piratas que continúan una y otra vez intentando burlar a la Policía y, sobre todo, a los taxistas que se ganan la vida de forma legal. La propia asociación del taxi ve un auténtico problema en estas prácticas puesto que, mermada su actividad por la crisis, tienen que luchar porque otros sujetos que se mueven al margen de la ley no les arrebaten el escaso mercado con el que cuentan.
Quienes se dedican a esta competencia desleal son marroquíes, básicamente, que entran en Ceuta para dedicarse tanto al traslado de mercancía (en coches e introduciendo a los porteadores en su interior) como a realizar unos cuantos servicios. Aprovechan su entrada en la ciudad para, de paso que llevan a cabo otras labores, inmiscuirse en la actividad del resto. Pero no todos son oriundos del otro lado de la frontera. La crisis ha tenido sus consecuencias y Ceuta se ha convertido en lugar de acogido de muchos marroquíes con permiso de residencia que tras quedarse en paro en la península, han venido a la ciudad a establecerse para estar más cerca de su país y cobrar en este punto limítrofe con Marruecos la ayuda del subsidio.
Estos individuos, que residen en Castillejos, aprovechan su situación para entrar, con vehículos nacionales, en Ceuta y llevar a cabo el servicio del ‘taxi pirata’. El GOA controla y hace seguimiento a los que entran a diario en la ciudad para luego desarrollar este negocio paralelo y volver a Marruecos. Los nacionales, aun siendo escasos, también se dedican en pequeños grupos a realizar competencia desleal al taxi. En este caso, explica Meléndez, su vehículo queda inmovilizado durante tres meses.
La picaresca también le ha buscado ‘la vuelta’ a este modo de proceder, y se ha detectado que algunos individuos, a sabiendas de que les va a llegar la sanción, optan por vender su coche antes, llevar a cabo la oportuna transferencia, engañando al comprador que desconoce que ese vehículo ha sido intervenido ejerciendo tales prácticas.
En los 25 casos que han sido denunciados en este año, se ha comprobado que existió un cobro por la carrera; dato éste que ha sido clave para poder actuar. Atrás quedan otros periodos en los que la Ciudad Autónoma no pudo cobrar las multas al no poder demostrar que ese servicio perseguía un lucro y no un favor.
