La presión mediática que conllevó la oportuna presión policial ha derivado en un cambio radical en los modos seguidos por los inmigrantes para abandonar clandestinamente la península. El acoso ejercido sobre la planta de transferencia de residuos ubicada en el Hacho, así como en la ruta del puerto al paso de los camiones se ha frenado drásticamente lo que se ha materializado en las estadísticas oficiales que manejan las fuerzas de seguridad. El pasado 2011 sólo el 25% de los subsaharianos que marchó a la península lo hizo siguiendo los llamados cauces clandestinos. Esta estadística comparada con la de 2010 es radicalmente opuesta ya que en ese año fueron más -casi el doble- los inmigrantes que se escaparon del CETI por fórmulas clandestinas que los que fueron trasladados a la península bien gracias a las gestiones de Inmigración o bien trasladados vía policial a los distintos CIE.
La muerte de varios compatriotas -tanto en la propia Ceuta como en la península tras ser descubiertos sus cuerpos dentro de contenedores en las descargas de basura- ha marcado la oportuna alerta roja para que las fuerzas de seguridad cambiaran su modo de vigilancia, fijando como ‘preferente’ los controles para vetar este tipo de escapadas. Eso y la concienciación impartida por el propio CETI para advertir a la población migratoria de los riesgos que corrían buscando estas salidas a la desesperada ha hecho que la situación esté, hoy por hoy, medianamente controlada.
Según los datos oficiales facilitados a ‘El Faro’, de los 1.191 inmigrantes que en 2011 marcharon a la península, 305 lo hicieron ocultándose en vehículos o camiones de basura. De este grupo los que menos lo hicieron en los últimos meses del pasado año en los que las escapadas han sido muy pocas. La gran mayoría, 560, fueron trasladados a la península por la vía policial, es decir, siendo identificados como oriundos de países con los que se mantienen acuerdos de deportación, y siendo trasladados a Centros de Internamiento de Extranjeros, en donde permanecen el periodo que marca la ley para luego ser deportados a sus países o puestos en libertad. El resto, 326, marchó a la península gracias a las gestiones llevadas a cabo por la Secretaría General de Inmigración en acuerdo con las oenegés, al tratarse de miembros de los llamados grupos vulnerables, es decir, familias, enfermos, personas mayores o individuos que han obtenido la protección vía asilo.
Por contra las entradas de inmigrantes producidas en el mismo periodo fueron de 1.333 debido al repunte registrado durante el verano y hasta el pasado diciembre, periodo en el que se produjo la última de las entradas importantes de subsaharianos por el espigón del Tarajal a la carrera.
Un centro de puertas abiertas con una temporalidad mucho menor
La concepción del CETI como un centro de puertas abiertas impide que se pueda ejercer un control directo sobre el inmigrante, de ahí que el tipo de salidas, más o menos arriesgadas, que este eligiera era complicado de controlar. Poco a poco, con la implicación de todas las partes, se ha ido frenando esta marcha lo que ha repercutido, también, en un mejor ordenamiento del centro. Las salidas se siguen produciendo mientras que las entradas van controlándose, para, de esta forma, conseguir que se haya vuelto a la ocupación que puede controlar adecuadamente el Centro de Estancia Temporal: no más de 500. La temporalidad en el centro también ha mejorado ya que, hoy por hoy, queda cifrada en unos 3 meses. Nada que ver con lo que sucedía hace tan sólo un par de años, cuando la temporalidad media de un inmigrante en el centro del Jaral superaba el año. A esas mejoras se añaden otras, por ejemplo el avance en la integración de los residentes al participar en actividades así como el paso dado para que puedan ser empadronados en el Ayuntamiento con con dirección y domicilio en el CETI. Los inmigrantes constan así en sus registros sin suponer coste alguno para la administración que tiene un control sobre ellos. Desde el año 2011 y por iniciativa del centro están siendo inscritos en el padrón.