Ahora mismo sumando los espacios de los dos acuartelamientos Fuentes Pila y Fiscer que serán recalificados por parte de la Ciudad Autónoma, dentro de los acuerdos existentes estamos hablando de una superficie superior a los cien mil metros cuadrados. De ellos, alrededor de unos doce mil metros cuadrados estarían destinados a suelo. Vivienda protegida alrededor de cinco mil metros cuadrados y otros siete mil doscientos para vivienda libre. Aparte en cuanto a equipamientos nos encontraríamos con alrededor de sesenta y ocho mil metros cuadrados. En el apartado de sistemas de espacios libres de dominio y uso público, entre los que se encuentran los jardines y las áreas de juego y recreo para niños se reservarían veintidós mil metros cuadrados; para centros docentes doce mil metros cuadrados, de los cuales una guardería de Preescolar contaría con dos mil metros cuadrados más o menos y el resto, más de diez mil para un centro de primaria y secundaria. En el apartado denominado Servicios de interés público y social contaríamos con otros doce mil metros cuadrados para seis mil que se destinarían a un parque deportivo, mil quinientos a equipamiento comercial y tres mil para equipamiento social. Y veintiún mil metros cuadrados, de los cuales un quince por ciento se dedicarían a viales y el resto para plazas de aparcamiento.
De esta manera se cumpliría con una de las prioridades que la Ciudad Autónoma se había marcado para la presente legislatura que no era otro que darle una utilidad a todos estos acuartelamientos, algunos de los cuales no se usa en estos momentos y además están falto de atención interior.
En realidad, tanto el cuartel Fuentes Pila como el propio Fiscer, así como el propio de Otero se encuadran en los acuartelamientos que son necesarios para que por parte de las administraciones se realicen, cuando existan las disponibilidades presupuestarias adecuadas, las infraestructuras necesarias para esta zona de la ciudad que tanto se demanda.
Ahora será clave la revitalización del Plan General de Ordenación
Una de las consecuencias del acuerdo a punto de alcanzarse, a partir de que se firme el protocolo y posterior convenio con la Dirección General de Infraestructuras del Ministerio de Defensa es la necesidad de agilizar los trámites para que el Plan General de Ordenación Urbana pase por el pleno de la Asamblea y el mismo se apruebe inicialmente, comenzándose así con el proceso que permitiría aproximadamente un año y medio después contar con el documento urbanístico. No olvidemos que durante el verano del año pasado y con posterioridad el equipo de gobierno con Susana Román a la cabeza comenzó a negociar con la oposición el Plan General con distintas reuniones, porque se intentaba llegar a un consenso antes de que el mismo pasara por el pleno para su visto bueno inicial.
Sin embargo, la constitución de un grupo de trabajo entre la Ciudad Autónoma y el Ministerio de Defensa en el mes de noviembre hizo que se paralizaran todas las gestiones, porque se entendió que la posibilidad de llegar a un acuerdo con el departamento ministerial para recuperar terrenos en manos de los militares era esencial y además no queda más remedio que incluir ese visto bueno en el propio documento urbanístico. No hay que olvidar que en el texto del convenio que se firme existirá un apartado que especificará que todo quedará pendiente de que se tramite el Plan General de Ordenación Urbana.
Como dijo el otro día la misma consejera los acuerdos con Defensa se centran en estos momentos en tres apartados distintos.
El primero de ellos es el tema de los acuartelamientos que se considera el prioritario ahora mismo. Luego habrá un segundo apartado con el cierre de las negociaciones para que se ceda parte de las instalaciones del Hospital Militar para uso sociosanitario a la Ciudad y en tercer lugar la cesión de terrenos propiedad de Defensa por ejemplo en la barriada Príncipe Alfonso o en la Barriada de San Amaro.
