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El Ejecutivo local estudia las nuevas medidas del Consejo de Ministros sobre el área de vivienda

El Gobierno de Sánchez analiza las medidas económicas y sociales para garantizar la protección de familias y colectivos vulnerables

El Ejecutivo de Ceuta está estudiando las nuevas medidas aprobadas en el Consejo de Ministros en relación con el Plan de Vivienda estatal e igualmente con la promoción de nuevas viviendas VPO.

El Gobierno central aprobó un conjunto de medidas económicas y sociales en el ámbito de la vivienda que permiten garantizar la protección de las familias y colectivos vulnerables e impulsar la reactivación de la economía en el citado sector, como complemento de otras medidas adoptadas hasta la fecha.

En este sentido, se da un primer paso en la regulación del derecho de superficie para la promoción de viviendas destinadas a alquiler asequible por parte de promotoras privadas, para impulsar la regeneración del territorio y la rehabilitación urbana como palancas de la recuperación económica y la creación de empleo.

Así, con el objeto de optimizar la eficiencia de los fondos del Plan Estatal de Vivienda 2018-2021, que actualmente obran en poder de las comunidades autónomas y de las ciudades de Ceuta y Melilla, se flexibilizan las condiciones, incrementando de forma efectiva la inversión en 2020 y 2021 y permitiendo a estas administraciones territoriales redirigir la financiación y las ayudas donde sea más necesario.

En este sentido, destacar que la Ciudad Autónoma, en el caso de las ayudas del año 2020 para el alquiler de viviendas, tanto a los grupos de jóvenes como el cupo general, ya las tiene adjudicadas y entregadas las cantidades del primer semestre. Y, luego, se recibieron otros 100.000 euros para el apartado de ayudas al alquiler para los grupos vulnerables con problemas derivados de la pandemia. Se aprobaron las bases y hasta el mes de septiembre se pueden entregar las solicitudes.

Asimismo, con el objetivo de incrementar el parque de viviendas destinadas al alquiler asequible o social para personas especialmente afectadas por la crisis, se pretende dotar a las Administraciones Públicas de instrumentos jurídicos que permitan una colaboración efectiva en los distintos ámbitos de su actuación, ya sea estatal, autonómico o local, así como mecanismos adecuados para articular la cooperación con operadores económicos.

Hace ya años, el Gobierno autonómico estudió la posibilidad de utilizar terrenos de propiedad municipal para, a través de la cooperación público privada, hubiera promotores que se encargaran de la construcción de VPO y que, luego, las alquilaran a familias que serían seleccionadas a través de un proceso por parte de la Ciudad Autónoma. Fue un proyecto anunciado que luego no se llevó a la práctica.

Lo único que está pendiente, en estos momentos, por parte de la Ciudad es un acuerdo con el SEPES para que este organismo estatal se encargue de construir algo más de 90 viviendas en uno de los solares de Loma Colmenar

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